El PP traslada al Pleno la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial
El Grupo Parlamentario Popular defenderá el próximo 10 de septiembre en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La iniciativa busca que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados en activo, limitando la intervención de las Cortes Generales a la designación de los ocho vocales restantes, reservados a juristas de reconocida competencia.
El debate y la posterior votación de esta propuesta legislativa coincidirán con el acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el Rey en el Tribunal Supremo. La reforma planteada pretende sustituir el modelo vigente, en el cual los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces son elegidos por el Congreso y el Senado mediante una mayoría cualificada de tres quintos, lo que requiere el consenso de las principales fuerzas políticas de la Cámara.
La propuesta del Partido Popular establece que cada Cámara legislativa mantenga la potestad de elegir a cuatro vocales del turno de juristas y sus respectivos suplentes. No obstante, se introducen criterios de especialización para garantizar que en este cupo figuren representantes de diversas profesiones jurídicas, tales como la abogacía, la procura, la fiscalía, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y el ámbito académico.
Uno de los puntos clave de la proposición es el endurecimiento del régimen de incompatibilidades. El texto fija un periodo de carencia de cinco años para que antiguos cargos políticos —ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, alcaldes o parlamentarios— puedan ser elegidos como vocales. Asimismo, se prohíbe que miembros de la carrera judicial en activo opten a las plazas de juristas, salvo que hayan permanecido en una situación administrativa distinta al servicio activo durante al menos cuatro años.
Para la elección de los doce vocales judiciales, el proyecto contempla un sistema de voto personal, libre, directo y secreto en una circunscripción nacional única. Los puestos se distribuirían por categorías: tres para magistrados del Tribunal Supremo, tres para magistrados con más de quince años de antigüedad y seis para jueces o magistrados sin distinción de antigüedad. La norma también integra criterios de paridad, exigiendo un mínimo del 40% de representación de cada sexo en la composición final.
Respecto al proceso electoral, la proposición prevé la creación de una Junta Electoral encargada de la supervisión y el escrutinio. Las candidaturas podrían ser presentadas de forma individual con el aval de veinte compañeros, o mediante listas completas auspiciadas por las asociaciones judiciales legalmente constituidas. Los resultados del proceso serían recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Como medida para prevenir parálisis institucionales, la ley introduce una cláusula de desbloqueo. En caso de que el Congreso o el Senado no elijan a sus ocho vocales en el plazo previsto, el CGPJ podría constituirse con los doce miembros elegidos por la carrera judicial y los vocales salientes de las Cámaras que no hubieran cumplido con el trámite. Este Consejo mermado podría ejercer sus funciones habituales, permitiéndole elegir a su presidente tras un periodo de treinta días hábiles.
En su exposición de motivos, el PP fundamenta la necesidad de esta reforma en la adecuación a los estándares europeos de independencia judicial. La formación recuerda que, tras la renovación del Consejo en junio de 2024, el propio órgano remitió un informe a las Cortes en febrero de 2025 sobre posibles modelos de elección, sin que hasta la fecha el Ejecutivo haya impulsado cambios normativos en el sistema de designación.
