La CNMC inicia la consulta sobre los nuevos compromisos de acceso a la infraestructura física ante la madurez del mercado de fibra

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un proceso de consulta pública sobre la segunda propuesta de compromisos presentada por Telefónica para regular el mercado mayorista de acceso a su infraestructura física. Esta revisión normativa se produce en un contexto de consolidación del sector digital en España, donde la madurez de la red de fibra óptica plantea la necesidad de adaptar marcos regulatorios diseñados originalmente para una fase de despliegue inicial a un escenario centrado en la sostenibilidad y modernización de las redes existentes.

La propuesta remitida por el operador contempla un periodo de vigencia de cinco años, con posibilidad de prórroga por uno adicional. El documento mantiene los plazos de provisión y resolución de incidencias de la actual oferta MARCo, conserva el procedimiento de gestión de operadores e incorpora una actualización de las cuotas recurrentes, así como una nueva oferta de coubicación en centrales. El regulador ha precisado que la apertura de esta prueba de mercado no supone un aval a los compromisos, reservándose la facultad de otorgarles carácter vinculante, solicitar revisiones o continuar con la tramitación ordinaria.

El debate sectorial actual no cuestiona el éxito de las políticas que facilitaron el despliegue de banda ancha, sino si las condiciones de acceso deben evolucionar. Según los últimos datos disponibles, España es un referente europeo en conectividad: la CNMC contabilizaba 16,7 millones de líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en febrero de 2025, mientras que organismos internacionales como el FTTH Council Europe sitúan la penetración de esta tecnología en el país en un 80,8%.

Desde el sector se defiende que, tras años de inversión intensiva, el objetivo primordial de eliminar barreras de entrada ha dado paso al reto de garantizar que las infraestructuras puedan mantenerse y renovarse en condiciones económicamente sostenibles. Esta tesis sostiene que una regulación diseñada para acelerar el despliegue no puede permanecer inalterada cuando el mercado ha alcanzado su plenitud, especialmente ante la creciente demanda de capacidad que exigen tecnologías como la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

En el ámbito institucional europeo, la Comisión Europea ha alineado su estrategia con esta necesidad de actualización mediante el Digital Networks Act, presentado en enero de 2026. El Ejecutivo comunitario busca modernizar y armonizar las reglas de conectividad para crear condiciones que permitan la inversión en redes avanzadas. Bruselas considera que las normas actuales deben adaptarse para responder a las realidades de la infraestructura digital contemporánea, promoviendo un marco que simplifique las obligaciones de los operadores.

Asociaciones como DIGITALEUROPE y el FTTH Council Europe han insistido en que la ambición de liderazgo digital de la región depende de un marco regulatorio proporcionado y adaptado a la realidad de cada mercado nacional. La cuestión de fondo, según los actores implicados, no reside en restringir el acceso a las redes, sino en asegurar que este se produzca bajo condiciones justas que permitan la recuperación de costes y fomenten una competencia sostenible en un entorno de alta exigencia tecnológica.