Interior registra 291 solicitudes de regularización de presos extranjeros en situación preventiva
El Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 291 solicitudes de regularización presentadas por internos extranjeros que se encuentran en centros penitenciarios bajo su competencia. Según los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en respuesta a una petición del Portal de Transparencia, estas peticiones se han formalizado al amparo del Real Decreto 316/2026, que introdujo modificaciones sustanciales en el Reglamento de Extranjería.
La estadística, actualizada a 29 de julio de 2026, se refiere específicamente a internos que tienen la consideración de preventivos, es decir, que carecen de una condena firme. Esta categoría técnica incluye tanto a personas a la espera de juicio como a aquellas que, habiendo recibido una sentencia en primera instancia, han interpuesto recursos, por lo que la ejecución formal de la pena no ha comenzado legalmente.
En cuanto a la distribución geográfica, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid concentran el mayor volumen de expedientes. Los centros murcianos encabezan la lista con 46 solicitudes repartidas en dos instalaciones, seguidos de las cárceles madrileñas con 43 peticiones distribuidas en siete centros. Otras provincias con actividad significativa son Castellón, con 38 solicitudes, Alicante con 34, y Córdoba y Canarias, ambas con 23 casos registrados.
A nivel individual, el centro penitenciario de Murcia destaca con 38 solicitudes, la cifra más alta para una sola instalación, seguido de cerca por uno de los centros de Castellón con 35. Por el momento, la Administración no ha desglosado cuántas de estas 291 solicitudes han sido concedidas, denegadas o permanecen en fase de tramitación, alegando que la valoración final de las autorizaciones corresponde a órganos ajenos a la gestión penitenciaria.
Este flujo de solicitudes se produce tras las instrucciones emitidas el pasado mes de abril por Instituciones Penitenciarias, en las que se instaba a las direcciones de las cárceles a informar a la población reclusa extranjera sobre este procedimiento extraordinario. La iniciativa incluyó la difusión de cartelería informativa, apoyo lingüístico y el asesoramiento por parte de educadores de los módulos para facilitar la presentación de la documentación necesaria.
El proceso no ha estado exento de debate institucional. Sectores policiales, representados por organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que se concedan permisos de residencia a personas en prisión provisional, advirtiendo que esta medida podría complicar futuros expedientes de expulsión del territorio nacional.
Ante estas observaciones, el Ministerio del Interior ha precisado que los internos con antecedentes penales previos no pueden acogerse a este procedimiento de regularización. En los casos de internos preventivos sin antecedentes, la Policía Nacional mantiene la potestad de evaluar cada historial individual para descartar riesgos contra la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público antes de emitir cualquier resolución favorable.
