El Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han habilitado los mecanismos para que los ciudadanos extranjeros en situación de prisión provisional puedan acogerse al nuevo proceso de regularización extraordinaria. Según el decreto aprobado por el Ejecutivo, los internos que no cuenten con una condena firme podrán solicitar el permiso de residencia, siempre que cumplan con los requisitos de arraigo y superen una evaluación individualizada sobre su peligrosidad para el orden público.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido una comunicación interna a los centros penitenciarios instando a las direcciones a informar a la población reclusa extranjera sobre este procedimiento. El documento solicita facilitar a los internos toda la documentación necesaria y el apoyo lingüístico pertinente «a la mayor brevedad», con el objetivo de que los trabajadores sociales de las prisiones agilicen las solicitudes de aquellos que residieran en España al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026.
La normativa establece que, si bien el certificado oficial de carencia de antecedentes penales en el país de origen es un requisito estricto, la existencia de antecedentes policiales en España no supondrá una denegación automática. En estos casos, la Secretaría de Estado de Migraciones realizará una valoración «casuística y circunstanciada» para determinar si el solicitante representa una amenaza para la seguridad nacional o la salud pública. La decisión final recaerá sobre funcionarios de Migraciones, basándose en un informe preceptivo de la Policía Nacional.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la medida señalando que todos los candidatos serán sometidos a un análisis riguroso en términos de seguridad. Según el titular de Interior, el informe policial será «sustancial» para determinar el derecho a la residencia, asegurando que el proceso mantiene las garantías necesarias para la protección del orden público y la seguridad ciudadana.
Desde la oposición, el Partido Popular ha calificado la medida de «gravísima». La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha recordado que la prisión preventiva es una medida excepcional dictada por un juez ante indicios de delitos graves y riesgos de fuga o reiteración delictiva. Para la formación política, la condición de preso preventivo es incompatible con el criterio de no suponer una amenaza para la seguridad pública que exige la propia norma.
Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y fuentes del sector de Extranjería han expresado su preocupación por las posibles repercusiones administrativas de esta medida. Advierten que conceder la residencia legal a personas en el circuito penitenciario podría dificultar futuras órdenes de expulsión, ya que el arraigo legal es uno de los elementos principales que los tribunales valoran para frenar la repatriación de ciudadanos extranjeros con causas judiciales pendientes.
Este escenario se produce en un contexto donde España registra dificultades estructurales para la ejecución material de las expulsiones dictadas. La integración de internos preventivos en el proceso de regularización supone, a juicio de las organizaciones policiales, una contradicción con la gestión migratoria actual, al priorizar la vía administrativa sobre el historial de indicios delictivos detectados por el sistema judicial.
