Aumentan un 18% las incautaciones de armas blancas y las agresiones en las prisiones de Cataluña

El sistema penitenciario de Cataluña registró durante el pasado año 2025 un incremento en los indicadores de conflictividad, destacando la incautación de 822 armas blancas en los centros de la región. Esta cifra supone un aumento del 18,27% en comparación con los datos de 2021, cuando se requisaron 695 objetos punzantes. Según los datos oficiales del Departamento de Justicia y Calidad Democrática, remitidos en una respuesta parlamentaria al grupo Vox, la comunidad lidera además la estadística nacional de agresiones contra el personal penitenciario con un total de 699 incidentes.

La estadística desglosada revela una media de más de dos armas blancas incautadas al día para una población reclusa de 9.159 personas. En el ámbito de la seguridad laboral, de las 699 agresiones registradas contra funcionarios, 47 fueron calificadas como graves y 652 como leves. Estas cifras se traducen en una ratio de 3,1 agresiones graves y 6 leves por cada 1.000 internos, situando a los centros catalanes en un escenario de tensión constante según denuncian las organizaciones representativas del sector.

Por centros, el complejo de Brians 1 se sitúa como el punto de mayor conflictividad con 250 agresiones y 53 armas incautadas. Le siguen Brians 2, con 125 agresiones y 154 armas requisadas; Puig de les Basses, con 77 incidentes violentos y 99 armas; y el Centre de Joves, donde se contabilizaron 70 agresiones y la aprehensión de 79 objetos peligrosos. El balance anual del sistema también incorpora 1.982 agresiones entre internos, 3.815 alteraciones del orden y 114 incidentes por conductas sexistas.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se ha alertado sobre la «normalización» de la violencia en el entorno carcelario. El sindicato sostiene que, si bien se ha observado un descenso técnico en las agresiones graves, la violencia de menor intensidad continúa al alza, generando un fuerte desgaste psicológico en la plantilla. Asimismo, la organización sindical ha criticado los recientes cambios en la metodología de contabilización de datos oficiales, señalando que la eliminación de categorías como la «tentativa de agresión» dificulta la comparativa histórica y puede distorsionar la percepción del problema.

Ante este escenario, el colectivo de trabajadores penitenciarios ha reiterado la necesidad urgente de ser reconocidos como agentes de la autoridad por el Parlament de Catalunya. Esta medida, largamente reivindicada, busca dotar al personal de una mayor protección jurídica y reforzar el principio de autoridad dentro de los centros, con el objetivo de mitigar la exposición a situaciones de riesgo físico y verbal durante el ejercicio de sus funciones.

En el plano demográfico, la población reclusa en Cataluña presenta una característica singular en el contexto español, siendo la única autonomía donde los presos extranjeros superan en número a los nacionales. A cierre de 2025, el 53% de los internos (4.840 personas) proceden de otros países, principalmente de Marruecos (36,6%) y Argelia (7%). Este perfil demográfico sitúa a la administración penitenciaria catalana entre las regiones europeas con mayor porcentaje de reclusos extranjeros, solo por detrás de países como Luxemburgo, Suiza o Grecia, según el informe SPACE I del Consejo de Europa.

Finalmente, los datos comparativos con otras regiones españolas muestran que Madrid registra un 42% de población reclusa extranjera, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, Cataluña se mantiene a la cabeza tanto en el volumen porcentual de internos no nacionales como en el número absoluto de incidentes violentos reportados contra el personal de los centros penitenciarios.