El Tribunal Supremo anula la denegación automática de residencia por antecedentes penales
El Ministerio del Interior ha dejado de tener la facultad de denegar la residencia a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales de forma automática. Esta modificación, que entró en vigor este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde a la anulación de diversos preceptos del Reglamento de Extranjería dictada por el Tribunal Supremo. A partir de ahora, la Administración General del Estado queda obligada a realizar un análisis individualizado de cada expediente para determinar la idoneidad de la permanencia del solicitante en territorio nacional.
La sentencia de la Sala Tercera del Alto Tribunal establece que el rechazo de una autorización no puede fundamentarse exclusivamente en la existencia de un historial delictivo. Los órganos administrativos deberán valorar criterios específicos como la gravedad del delito cometido, la cuantía de la pena impuesta, el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho y el comportamiento del ciudadano durante su estancia en España. Esta exigencia de valoración pormenorizada será especialmente estricta en casos que afecten a ciudadanos de la Unión Europea o cuando se encuentren en juego derechos familiares protegidos.
En el caso específico de los ciudadanos comunitarios, el Tribunal Supremo subraya que los antecedentes penales solo podrán motivar una denegación si representan una «amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad». Asimismo, la resolución judicial introduce cambios significativos en materia de reagrupación y lazos familiares. Se elimina el requisito de que las relaciones familiares deban haberse conformado estrictamente bajo el ordenamiento jurídico español y se permite acreditar la dependencia económica de los ascendientes aunque estos ya se encuentren en España, suprimiendo la exclusividad del envío de remesas al país de origen.
La reforma del reglamento también alcanza al ámbito laboral y a la protección de menores. Las empresas de trabajo temporal (ETT) han sido habilitadas para ser titulares de autorizaciones de residencia y trabajo en actividades de temporada o en supuestos de concatenación de contratos. Respecto a los menores extranjeros, la justicia prohíbe revocar permisos de residencia por ausencias del territorio nacional que puedan estar justificadas y declara ilegal cualquier flexibilización de la obligación de las administraciones de prestar atención inmediata a los menores no acompañados, calificándola como una «obligación legal incondicionada».
Por otro lado, el fallo judicial ratifica la postura del Ejecutivo en lo referente a los solicitantes de protección internacional. El Tribunal Supremo avala que no se pueda solicitar simultáneamente una autorización por arraigo mientras el expediente de asilo se encuentre en trámite. De igual modo, confirma que el tiempo de permanencia en España bajo la condición de solicitante de asilo no será computable para la obtención de las distintas modalidades de arraigo previstas en la normativa vigente.
Finalmente, la sentencia declara la ilegalidad de la norma que obligaba a ciertos colectivos de extranjeros a relacionarse exclusivamente de forma electrónica con la Administración. Con este fallo, el Tribunal Supremo busca adecuar el Reglamento de Extranjería a la jurisprudencia europea y garantizar que las decisiones administrativas no vulneren derechos fundamentales mediante aplicaciones automatizadas de la norma.
