El proceso de selección del jurado popular marcará el juicio a Begoña Gómez tras la apertura de la fase oral

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral con jurado popular para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Esta resolución judicial sitúa el foco en una fórmula del ordenamiento jurídico español que, aunque vigente desde 1995, se aplicará por primera vez para determinar la existencia de este tipo de ilícitos penales.

El sistema de elección de los ciudadanos que integrarán el tribunal se rige por un procedimiento de filtros sucesivos coordinado por la Oficina del Censo Electoral. En el caso de la Comunidad de Madrid, tras el sorteo realizado en 2024, un total de 2.846 personas forman parte de la lista de candidatos potenciales para los próximos dos años. Los seleccionados deben cumplir requisitos básicos de idoneidad, como ser mayor de edad, poseer la nacionalidad española, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y saber leer y escribir.

La normativa vigente establece exclusiones estrictas para garantizar la imparcialidad del proceso. No podrán formar parte del jurado cargos públicos, parlamentarios, militares en activo ni personas que mantengan un interés directo en la causa. De la lista provincial inicial se seleccionarán 36 ciudadanos, quienes podrán alegar causas de excusa, como ser mayores de 65 años o acreditar trastornos graves por cargas familiares, antes de someterse a un cuestionario definitivo.

En la fase final del proceso de selección, 20 ciudadanos comparecerán ante el juzgado en la fecha de inicio de la vista oral. Las partes personadas —defensas y acusaciones— tendrán la potestad de someter a los candidatos a preguntas y podrán vetar hasta a cuatro integrantes cada una sin necesidad de justificación. El tribunal quedará finalmente constituido por nueve miembros titulares y dos suplentes, quienes serán los encargados de emitir el veredicto sobre los hechos probados tras las sesiones del juicio.

Desde el Poder Ejecutivo se han producido las primeras reacciones ante la configuración de este tribunal ciudadano. La ministra portavoz, Elma Saiz, expresó este martes la confianza del Gobierno en un veredicto de inocencia, apelando a la ecuanimidad de los ciudadanos seleccionados. Por otro lado, la ministra de Ciencia, Diana Morant, planteó dudas sobre la posibilidad de que los integrantes del jurado acudan al proceso sin ideas preconcebidas, debido a la alta exposición mediática que ha tenido la instrucción del caso durante los últimos dos años.

El veredicto resultante de la deliberación de estos nueve ciudadanos servirá como base para que el magistrado presidente dicte la sentencia definitiva. Cabe destacar que la estadística de la última década refleja una alta correlación entre los juicios con jurado popular y las sentencias condenatorias en el sistema judicial español, lo que añade un elemento de análisis técnico al desarrollo de esta causa de relevancia institucional.