Concentración ciudadana en San Blas-Canillejas frente al desalojo de una familia con menores
Alrededor de setenta personas se han concentrado este jueves en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas con el objetivo de paralizar el desahucio de una familia compuesta por un matrimonio y sus tres hijos menores de edad. El lanzamiento judicial, ordenado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid número 32, afecta a un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS) ubicado en la calle Lenceros, 14, que ha servido de residencia a la familia durante los últimos doce años.
La movilización, convocada por el Sindicato de San Blas-Canillejas bajo el lema «Tamara y su familia se quedan», ha contado con el apoyo de activistas procedentes de otros colectivos en defensa del derecho a la vivienda. Este es el segundo intento de ejecución del desalojo, tras una primera orden programada para el pasado 22 de septiembre que fue suspendida debido a la presión vecinal. La familia afectada subraya su situación de extrema vulnerabilidad, dado que los menores están escolarizados en el barrio y dos de ellos presentan necesidades especiales de salud, incluyendo un grado II de dependencia y cuadros de epilepsia.
Desde la organización sindical se ha denunciado la falta de una alternativa habitacional estable que permita mantener la unidad familiar. Según portavoces del colectivo, la respuesta de las administraciones se ha limitado a la intervención del Samur Social, cuyo protocolo habitual suele consistir en el ofrecimiento de plazas en albergues temporales. Para el sindicato, esta medida resulta insuficiente al no garantizar la cercanía al centro escolar de los niños ni la infraestructura necesaria para atender sus discapacidades.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid han ratificado la legalidad del procedimiento, señalando que se trata de una «ocupación ilegal» denunciada por la vía contencioso-administrativa. La administración regional ha manifestado su respeto por las decisiones judiciales y ha subrayado que su prioridad debe ser velar por los intereses de las familias que aguardan una vivienda pública a través de los cauces reglamentarios y los listados de espera oficiales.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha precisado que la Agencia de Vivienda Social traslada este tipo de expedientes a los servicios sociales municipales con antelación suficiente. Según la normativa vigente, es competencia del Consistorio valorar las respuestas asistenciales y activar ayudas para el alojamiento temporal en caso de que no se disponga de plazas en el parque público de vivienda en el momento del lanzamiento.
La jornada de protesta se produce en un clima de especial sensibilidad social en la capital, tras el reciente fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que murió después de ser desalojada de su vivienda el pasado mes de septiembre. Los colectivos sociales presentes en San Blas han vinculado ambos casos para exigir un cambio en las políticas de desahucios cuando existen personas dependientes o menores involucrados en los procedimientos de la administración pública.
