Sánchez defiende la eficacia de las zonas tensionadas y urge a Madrid y Málaga a aplicar la limitación de alquileres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que la declaración de zonas tensionadas está logrando abaratar el precio del alquiler en las ciudades donde se aplica, como Barcelona, A Coruña y Pamplona. Según el jefe del Ejecutivo, estos datos demuestran que la intervención en los precios no está afectando negativamente a la oferta de vivienda, tal como sostenían los sectores críticos con la Ley de Vivienda.

Durante la comparecencia de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes del paréntesis estival, Sánchez ha hecho balance del curso político y ha centrado gran parte de su discurso en la problemática habitacional. En este sentido, ha instado a gobiernos autonómicos y locales de signo opuesto, mencionando específicamente a Madrid y Málaga, a que «dejen el sectarismo» y apliquen las herramientas que permite la legislación vigente para aliviar la carga económica de los inquilinos.

El presidente ha calificado el acceso a la vivienda como una «prioridad nacional» y ha cargado contra las posturas que ha tildado de «neoliberales», las cuales rechazan la intervención del mercado. «Pedimos a los gobiernos autonómicos que piensen en su gente», ha enfatizado el mandatario, recordando que la competencia para solicitar la declaración de zonas tensionadas —requisito previo para limitar los precios de los arrendamientos— recae exclusivamente en las administraciones regionales.

No obstante, la jornada ha estado marcada por un revés parlamentario en la estrategia de vivienda del Ejecutivo. El Gobierno se ha visto obligado a posponer la aprobación de un real decreto sobre esta materia que estaba previsto para la sesión de este martes. La decisión responde a la falta de apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, lo que comprometía la convalidación de la norma en la cámara baja.

A pesar de este aplazamiento, Pedro Sánchez ha insistido en que el Ejecutivo mantendrá su hoja de ruta para intentar corregir las disfunciones del mercado inmobiliario. La intervención del presidente subraya la creciente tensión política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que se han mostrado reacias a implementar las medidas de control de precios contempladas en la Ley de Vivienda aprobada en la pasada legislatura.