El Gobierno impulsará una nueva normativa universitaria tras la anulación del Tribunal Supremo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ya trabaja en la elaboración de una nueva norma para regular la creación de centros de educación superior tras el fallo del Tribunal Supremo que ha anulado el Real Decreto 905/2025. La sentencia invalida la regulación previa, que endurecía los requisitos para la apertura de universidades privadas, al considerar que no existió una justificación adecuada para su tramitación por la vía de urgencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha estimado el recurso presentado por la comunidad autónoma de las Islas Baleares, dictaminando la nulidad del decreto aprobado el pasado año. Según el tribunal, el procedimiento de elaboración de la norma incurrió en un defecto formal relevante al omitir el trámite de consulta pública previa sin que mediaran razones de urgencia debidamente acreditadas, lo que ha derivado en la imposición de las costas procesales a la Administración General del Estado por una cuantía de 6.000 euros.

Ante esta resolución judicial, el jefe del Ejecutivo ha manifestado el acatamiento del fallo, si bien ha defendido la necesidad política de la reforma. Sánchez ha señalado que el objetivo del Gobierno es establecer un marco regulatorio que proteja la calidad del sistema universitario y asegure la igualdad de oportunidades, argumentando que la proliferación de centros privados sin una regulación estricta puede perjudicar al modelo de educación superior.

El fundamento jurídico de la sentencia subraya que la potestad del Gobierno para reducir los plazos de tramitación legislativa no es discrecional. El Tribunal Supremo concluye que el acuerdo de urgencia carecía del amparo legal exigido, puesto que no se motivó suficientemente la excepcionalidad para eludir los cauces ordinarios de participación ciudadana y administrativa en la redacción del texto.

El Real Decreto ahora anulado buscaba elevar las exigencias en cuanto a infraestructuras, personal docente e investigador y oferta académica mínima para la autorización de nuevas universidades. Con el escenario abierto por la sentencia, el Ministerio competente deberá reiniciar el proceso administrativo para dotar al sistema de una nueva normativa que cumpla con los requisitos formales de transparencia y consulta pública exigidos por la legislación vigente.

Esta decisión judicial supone un freno procedimental a la estrategia del Ejecutivo de limitar la expansión de universidades privadas que, bajo su criterio, no reúnen los estándares de calidad necesarios. No obstante, la determinación del Gobierno de presentar un nuevo proyecto legislativo traslada el debate de nuevo al Consejo de Ministros y, previsiblemente, a la mesa de negociación con las comunidades autónomas y los rectores.