El Ayuntamiento de Valencia suspende la mascletà del 9 de octubre tras el informe de la Delegación del Gobierno sobre la acampada
El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado este jueves la suspensión de la mascletà prevista para el próximo 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, en la plaza del Ayuntamiento. La decisión se fundamenta, según fuentes municipales, en una comunicación oficial de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que desaconseja la celebración del evento pirotécnico debido a la ocupación del espacio público por parte de la acampada que reivindica el derecho a la vivienda, en la que participan más de 1.500 personas.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha comparecido para explicar que la cancelación responde estrictamente a la postura del organismo estatal. Según el edil, la respuesta de la Delegación al requerimiento municipal aludía de forma expresa a la inviabilidad de la mascletà por motivos de seguridad, aunque no precisaba si el resto de los actos programados para la festividad autonómica podrían desarrollarse con plenas garantías en el mismo recinto.
Carbonell ha subrayado que la administración local no ha solicitado el desalojo de los manifestantes en ninguna de sus comunicaciones. El concejal ha insistido en que el objetivo de las consultas enviadas a la Delegación era garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de los actos institucionales. No obstante, ha criticado lo que considera una contradicción por parte de la Delegación, al invocar el derecho constitucional de reunión para justificar su inacción, mientras sugiere al consistorio ejercer sus propias competencias en materia de ordenanzas de Parques y Jardines para proceder a sanciones o desalojos.
Ante esta situación, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia se encuentran analizando la posibilidad de emprender acciones judiciales contra la Delegación del Gobierno por una presunta «inacción». El consistorio sostiene que se advirtió de la ausencia de presencia de la Policía Nacional durante los primeros días de la protesta, y lamenta que la respuesta gubernamental traslade la responsabilidad de la gestión del espacio público al ámbito municipal bajo argumentos que consideran inconsistentes.
A pesar de la suspensión del acto pirotécnico, el Ayuntamiento mantiene el resto de la programación, bajo la premisa de que el silencio de la Delegación respecto a otros eventos implica que pueden realizarse. En este contexto, el gobierno municipal ha iniciado contactos directos con los portavoces de la acampada para negociar que el itinerario de la Procesión Cívica no se vea afectado. El objetivo es asegurar el paso de la comitiva oficial por el tramo de la plaza donde habitualmente se ubica la Falla Municipal, espacio que actualmente se encuentra ocupado por tiendas de campaña.
La resolución del conflicto queda ahora supeditada a la decisión que adopten los manifestantes en asamblea y a la evolución de las posibles medidas legales que el consistorio decida elevar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aunque el concejal Carbonell ha reiterado que, incluso en sede judicial, la prioridad del Ayuntamiento no será solicitar el desalojo forzoso, sino la delimitación de responsabilidades competenciales en materia de seguridad ciudadana.
