El Gobierno mantiene en fase de tramitación la orden para crear el Consejo Nacional contra el Blanqueo
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmado que el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, anunciado el pasado mes de julio para reforzar la lucha contra los delitos financieros, todavía no ha sido formalmente constituido. Tres meses después de que se iniciara el procedimiento para su creación, el Ejecutivo reconoce que la orden ministerial necesaria para su puesta en marcha se encuentra aún en fase de tramitación administrativa.
Según consta en una resolución oficial de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, el organismo no existe formalmente al no haberse producido ni la aprobación ni la publicación de la norma reguladora. El documento administrativo precisa que, si bien ya se han recabado los informes preceptivos para la validación de la orden, el proceso normativo no ha concluido, lo que impide la operatividad del nuevo órgano asesor y consultivo.
La respuesta del departamento que dirige Carlos Cuerpo se produce tras una solicitud de transparencia en la que se requerían detalles sobre la composición, el presupuesto y las reuniones celebradas por este nuevo ente. Ante esta petición, la Administración ha inadmitido el acceso a dicha información específica al amparo de la Ley de Transparencia, argumentando que se trata de información en curso de elaboración dado que el Consejo aún no ha iniciado su actividad.
El proyecto de orden ministerial fue sometido a audiencia pública durante el verano, finalizando el plazo de alegaciones el pasado 27 de julio. La iniciativa tiene como objetivo fundamental establecer un mecanismo permanente de coordinación entre las administraciones públicas y el sector privado. Entre las funciones previstas para el Consejo destacan el intercambio de información sobre flujos financieros complejos, la identificación de nuevos riesgos asociados a la digitalización y la elaboración de recomendaciones técnicas.
En cuanto a su estructura, el borrador normativo prevé que el Consejo esté integrado por representantes del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Agencia Tributaria y fiscalías especializadas. Asimismo, se contempla la participación de entidades privadas sujetas a la normativa de prevención de blanqueo para mejorar la eficacia en la detección de operaciones sospechosas.
Desde el punto de vista presupuestario, el Gobierno ha indicado que la creación de este organismo no supondrá un incremento del gasto público. El funcionamiento del Consejo deberá ser atendido con los recursos técnicos, personales y financieros ya asignados a las unidades y organismos que participarán en él, garantizando así la neutralidad fiscal de la medida.
El seguimiento del expediente normativo revela que el proyecto continuaba recabando informes durante el mes de septiembre. El Consejo Fiscal publicó su valoración sobre la propuesta el pasado 28 de septiembre, confirmando que en esa fecha la iniciativa mantenía su estatus de proyecto de orden ministerial. Según los plazos establecidos en el borrador, el Consejo deberá constituirse formalmente en el plazo de un mes a partir de que la orden ministerial entre en vigor tras su publicación en el BOE.
