El Gobierno aplaza el decreto de vivienda por falta de apoyos y prioriza las ayudas por incendios
El Ejecutivo ha decidido retirar del orden del día del Consejo de Ministros el real decreto ley de medidas de vivienda ante la ausencia de los apoyos parlamentarios necesarios para asegurar su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados. Esta decisión marca el inicio de un curso político en el que el Gabinete de Pedro Sánchez busca relanzar su agenda social, condicionada por la necesidad de alcanzar consensos estables con sus socios de investidura para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, optó por postergar la aprobación de la normativa tras intensas negociaciones mantenidas durante el último fin de semana. Según fuentes gubernamentales, grupos parlamentarios como Junts y Podemos manifestaron reparos significativos al borrador actual. Mientras la formación independentista catalana demanda mayores incentivos fiscales para pequeños propietarios y medidas específicas contra la ocupación, los representantes de Podemos han criticado la falta de profundidad en el diálogo previo al anuncio de la medida.
A pesar de este contratiempo legislativo, el Gobierno mantiene la vivienda como una de sus prioridades estratégicas para el tramo final de la legislatura. El objetivo de Moncloa es integrar estas políticas en el diseño de las nuevas cuentas públicas, buscando reactivar a su electorado mediante la ampliación de derechos sociales. En este contexto, el Ejecutivo ha puesto en valor logros recientes como la ampliación del permiso de paternidad a 19 semanas por progenitor, situándolo como el más extenso de la Unión Europea.
En sustitución de la agenda de vivienda, el Consejo de Ministros de este martes ha centrado su actividad en la aprobación de un real decreto ley destinado a proteger a trabajadores y empresas afectados por los incendios forestales. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y negociada con agentes sociales y comunidades autónomas, establece que el Estado asumirá desde el primer momento el coste de los salarios y las cotizaciones de los afectados por causas climáticas, eximiendo a las empresas de los cuatro días de carencia que establecía la normativa anterior.
Desde el sector minoritario del Gobierno, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha valorado positivamente la decisión de postergar el decreto de vivienda para favorecer el diálogo con el resto de las fuerzas políticas. No obstante, el escenario parlamentario continúa siendo complejo tras el rechazo a la senda de estabilidad hace dos semanas, lo que obliga al Ejecutivo a extremar las cautelas para evitar nuevas derrotas en la cámara baja que comprometan la estabilidad de la legislatura.
Por su parte, la oposición se ha mostrado crítica con la gestión de las emergencias y la política climática del Ejecutivo. Desde el Partido Popular han calificado de ideológicas algunas de las propuestas gubernamentales, acusando al Gobierno de utilizar la «emergencia climática» para eludir responsabilidades en la gestión de catástrofes. Ante estas críticas, el PSOE ha defendido su intención de impulsar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática para blindar las políticas de prevención y respuesta ante desastres naturales.
El inicio de este curso político se presenta, por tanto, como un periodo de intensa actividad negociadora en el que el Gobierno intentará transformar los indicadores macroeconómicos positivos en un mayor respaldo social, condicionado siempre por una aritmética parlamentaria que exige el concurso de fuerzas políticas con intereses divergentes en materia de vivienda y fiscalidad.
