El Gobierno ordena la retirada del monumento a Carrero Blanco en Santoña en un plazo de seis meses

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha emitido una resolución oficial mediante la cual se incluye el monumento al almirante Luis Carrero Blanco, ubicado en la localidad cántabra de Santoña, en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Con esta decisión, el Ejecutivo central otorga al Ayuntamiento de la localidad un plazo máximo de seis meses para proceder a su retirada de la vía pública.

La medida ha sido confirmada tras la petición formulada por la asociación Héroes de la República y Libertad, organización que instó al Ministerio a evaluar el monumento bajo los criterios de la Ley de Memoria Democrática. Según ha explicado el portavoz de la entidad, Jorge Suárez, la resolución administrativa tiene carácter vinculante, aunque el consistorio dispone de la posibilidad de interponer un recurso ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El procedimiento administrativo advierte de que el incumplimiento del requerimiento ministerial podría derivar en sanciones graves tanto para la institución municipal como para sus representantes legales. Esta resolución se produce en un contexto de discrepancia institucional, toda vez que el Parlamento de Cantabria había aprobado recientemente una proposición para instar a la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC).

Dicha iniciativa parlamentaria contó con el respaldo de los grupos PP, PRC y Vox, mientras que el PSOE se posicionó en contra. No obstante, la resolución del Ministerio de Política Territorial prevalece sobre las intenciones de protección patrimonial autonómicas al considerar que la simbología del monumento vulnera el marco normativo estatal vigente en materia de memoria histórica.

Desde la asociación promotora de la denuncia se ha calificado la decisión como una medida de «higiene democrática». Suárez ha manifestado que el catálogo de vestigios es una herramienta necesaria para el cumplimiento de la ley, rechazando el uso de figuras de protección cultural para mantener elementos de exaltación de la dictadura en espacios públicos.

El Ayuntamiento de Santoña deberá ahora decidir si acata la orden ministerial dentro del plazo estipulado o si inicia la vía del recurso administrativo. La retirada de este monumento supone uno de los movimientos más significativos en la aplicación de la ley en Cantabria debido a la relevancia del personaje histórico en la estructura del régimen anterior y la controversia política generada en el ámbito regional.