La distribución alimentaria asume un sobrecoste de 245 millones de euros por los servicios de ajuste eléctrico desde 2020
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha informado que los servicios de ajuste del sistema eléctrico han generado un sobrecoste acumulado de 245 millones de euros para el sector de la distribución alimentaria desde el año 2020. Según los datos analizados por la patronal a partir de registros oficiales de Red Eléctrica, solo en lo que va de ejercicio actual, esta partida ha supuesto un gasto adicional de 61 millones de euros para el conjunto de las empresas del sector.
El incremento en el precio de estos mecanismos, diseñados técnicamente para garantizar la estabilidad de la red y el equilibrio entre la generación y la demanda, ha experimentado una evolución al alza significativa. El coste medio de estos servicios ha pasado de los 2,54 euros por megavatio hora (MWh) registrados en 2020 a alcanzar los 22,3 euros/MWh en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2026. Este encarecimiento representa un aumento porcentual del 778% en comparación con los niveles de hace seis años y un 41% respecto al ejercicio previo.
Desde la organización empresarial destacan la dependencia estructural del suministro eléctrico en la cadena de valor alimentaria. La electricidad es un recurso indispensable de manera permanente para asegurar la conservación de los alimentos, el mantenimiento estricto de la cadena de frío y la operatividad tanto de los establecimientos de venta como de las plataformas logísticas. Estos sobrecostes se suman a otras presiones en los gastos operativos, tales como el transporte, la climatización, el personal y las inversiones necesarias para la mejora de la eficiencia energética.
A pesar del impacto financiero derivado de los servicios de ajuste, Asedas subraya el ejercicio de contención realizado por las empresas distribuidoras para limitar la repercusión de estos costes en el precio final de los productos. En este contexto, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alimentario ha registrado un descenso de tres décimas, situándose en el 2,4%. Esta cifra se mantiene dos puntos y medio por debajo del IPC general, lo que, a juicio de la asociación, evidencia el esfuerzo del sector por absorber parte de los incrementos operativos.
Ante esta situación, el secretario general técnico de Asedas, Felipe Medina, ha manifestado la necesidad de someter a revisión el modo en que se generan, calculan y trasladan estos sobrecostes al sistema. La patronal considera imprescindible identificar posibles ineficiencias y aplicar las correcciones oportunas sin comprometer la seguridad del suministro eléctrico. Medina ha instado a tener en cuenta el impacto que estos cargos suponen para sectores estratégicos como la alimentación, caracterizados por ser grandes consumidores de energía.
La posición institucional del sector coincide con un escenario de volatilidad en el mercado energético, donde el precio del megavatio hora continúa registrando variaciones que condicionan la planificación económica de las empresas de distribución, esenciales para el abastecimiento de la población.
