La UDEF sitúa a Sonsoles Espinosa en el centro de la investigación por los fondos del expresidente Zapatero
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha incorporado a sus diligencias el análisis de los movimientos bancarios de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según los últimos informes policiales remitidos a la autoridad judicial, Espinosa figura como cotitular de la cuenta bancaria en la que el exmandatario socialista habría recibido ingresos procedentes de mercantiles presuntamente vinculadas a la trama de la aerolínea Plus Ultra.
La documentación aportada a la causa señala que la cuenta bajo sospecha, de la que ambos cónyuges son titulares en régimen de gananciales, habría actuado como receptora de transferencias por un valor total de 1,5 millones de euros. De acuerdo con las pesquisas de inteligencia financiera, estos fondos no permanecían de forma estática en dicho depósito, sino que eran redistribuidos posteriormente hacia otros activos bancarios controlados por el matrimonio.
Un elemento clave en la investigación es la operación de cancelación de una hipoteca por valor de 480.000 euros. Dicha deuda pesaba sobre una finca adquirida por la familia en la zona madrileña de Dehesa de la Villa, destinada a la construcción de una vivienda unifamiliar. La UDEF destaca que fue la propia Sonsoles Espinosa quien habría ordenado directamente esta cancelación bancaria, un hecho que, según fuentes jurídicas, podría derivar en su imputación bajo la figura de partícipe a título lucrativo en el marco del proceso judicial.
Por su parte, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado cualquier irregularidad en el origen de estos fondos. Según la versión ofrecida por el entorno del exjefe del Ejecutivo, la liquidación de la citada hipoteca se realizó con el capital obtenido tras la venta de otra propiedad familiar situada en Valdemarín. Zapatero sostiene que la operación de cancelación se produjo once meses después de dicha enajenación, utilizando los recursos legítimos derivados del mercado inmobiliario.
No obstante, el informe policial subraya una correlación entre el volumen de ingresos bajo sospecha y las adquisiciones inmobiliarias realizadas por la familia en los últimos años. Además del terreno en Dehesa de la Villa, el informe menciona la compra en 2024 de un chalet en Puerta de Hierro por 700.000 euros, así como la adquisición de dos viviendas por parte de sus hijas en zonas colindantes, valoradas en unos 300.000 euros cada una.
La suma total de estas inversiones inmobiliarias asciende a 2,1 millones de euros, una cifra que los investigadores contrastan con los flujos de dinero detectados desde empresas relacionadas con la red de influencias investigada. El auto judicial resalta que la cuenta compartida por el matrimonio ha mantenido una operatividad constante durante décadas, utilizando el sistema de Código Cuenta Cliente (CCC) previo a la normativa actual de IBAN.
El horizonte judicial de Espinosa queda ahora supeditado a la valoración que realice el magistrado sobre su grado de conocimiento y gestión de los fondos recibidos. La inclusión expresa de su nombre en los autos recientes indica que el juzgado considera relevante su papel en la administración del patrimonio familiar y en la ejecución de los movimientos financieros que son objeto de escrutinio.
