La Audiencia Nacional investiga si la cúpula de la Guardia Civil utilizó expedientes internos para presionar al anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), el general Rafael Yuste, en el marco de diversas causas judiciales que afectaban al Partido Socialista y al entorno del Ejecutivo. El magistrado Santiago Pedraz analiza si la apertura de hasta tres informaciones reservadas contra el entonces coronel Yuste obedeció a una estrategia de obstrucción a la justicia dirigida por cargos políticos y mandos del Instituto Armado.
Las diligencias judiciales, que motivaron el pasado miércoles una intervención inédita de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil, apuntan a que el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, ordenó estas investigaciones internas bajo la premisa de supuestas filtraciones a la prensa. Estas acciones disciplinarias se produjeron de forma concurrente con el estallido de casos de corrupción que implicaban a dirigentes del PSOE, periodo en el que la jefatura de la unidad de élite mantuvo el rigor sobre el secreto de las actuaciones frente a las instancias superiores.
Según fuentes próximas a la investigación, las tres informaciones reservadas abiertas contra Yuste concluyeron sin que se determinara responsabilidad alguna. Sin embargo, el juez Pedraz indaga si el uso de estos instrumentos de control interno tuvo una finalidad «amedrentadora» para los investigadores. La tesis judicial se apoya en un auto que vincula estas presiones con un entramado presuntamente dirigido por Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez, cuyo objetivo sería desestabilizar los procedimientos judiciales en curso.
El escrito del Juzgado Central de Instrucción número 1 recoge testimonios que señalan que Díez habría trasladado a la directora del Cuerpo, Mercedes González, que las filtraciones mediáticas procedían directamente de la UCO. Esta acusación habría desencadenado procesos de fiscalización interna que, en palabras de fuentes consultadas, se convirtieron en «cazas de brujas» contra los mandos encargados de las pesquisas de mayor sensibilidad política.
La salida de Rafael Yuste de la jefatura de la UCO el pasado diciembre, coincidiendo con su ascenso a general de brigada, ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas. Mientras que el Ministerio del Interior defendió la normalidad del escalafón y la promoción profesional, sectores de la Guardia Civil apuntan a un movimiento para apartarlo de la dirección de la unidad operativa tras su resistencia a las injerencias. En la actualidad, Yuste ocupa la jefatura de Servicios Técnicos, un departamento de menor peso operativo en la estructura del Cuerpo.
Por otro lado, la investigación de la Audiencia Nacional se extiende a la presunta comisión de delitos de revelación de secretos y cohecho por parte de otros miembros del Instituto Armado. El magistrado ha imputado al capitán Juan Sánchez Yepes, sospechoso de facilitar información sensible sobre la estructura de la UCO a la trama de Leire Díez a cambio de retribuciones económicas. Este oficial también está siendo investigado en una causa paralela relacionada con el fraude en el sector del combustible.
Finalmente, la causa examina el flujo financiero del Partido Socialista hacia la red de Leire Díez. El magistrado ha detectado pagos por valor de 188.000 euros mediante facturas presuntamente falsas, emitidas en fechas coincidentes con hitos judiciales relevantes. El despliegue de la UCO en la sede de Ferraz y en las dependencias centrales de la Guardia Civil busca consolidar la prueba documental sobre este presunto entramado de influencias y obstrucción.
