La coalición electoral Frente Amplio, marca sucesora de Sumar, ha entrado en una fase de parálisis institucional a escasos diez días de que venza el plazo legal para el registro de candidaturas ante la Junta Electoral Central. La negativa definitiva del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a asumir el liderazgo de la plataforma ha dejado un vacío de poder que amenaza la cohesión del espacio político ante la proximidad de los comicios generales fijados para el próximo 19 de noviembre.
El calendario electoral establece el 16 de octubre como fecha límite para la formalización de coaliciones. A pesar de la urgencia temporal, el Frente Amplio carece actualmente de una figura de consenso para la presidencia del Gobierno, de un logotipo definitivo y de un acuerdo cerrado sobre la confección de las listas provinciales. La dirección de la coalición confiaba en el perfil de Bustinduy para iniciar un nuevo ciclo político tras la etapa de Yolanda Díaz, pero el ministro ha mantenido su posición de rechazo a la primera línea, limitando su disposición a ocupar puestos secundarios en la candidatura.
Esta ausencia de un liderazgo unificador ha reactivado las tensiones entre las dos formaciones con mayor peso territorial en la alianza: Más Madrid y los Comunes. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido postulada por su formación para encabezar la lista por Madrid, lo que tradicionalmente conlleva la designación como candidata a la presidencia. No obstante, la decisión de los Comunes de proponer a Ada Colau para el liderazgo nacional ha generado un conflicto de competencias que dificulta la articulación de una estrategia unitaria.
El esquema organizativo de la coalición también enfrenta desafíos en el ámbito autonómico. En Andalucía, la formación Adelante Andalucía ha optado por concurrir al margen del proyecto de Frente Amplio, mientras que en la Comunidad Valenciana y Aragón, fuerzas como Compromís y la Chunta Aragonesista negocian acuerdos bilaterales con otras siglas, incluyendo a Podemos. Esta atomización territorial debilita la proyección de la marca nacional en plazas clave para el reparto de escaños.
La relación con Podemos sigue siendo otro de los puntos de fricción pendientes de resolución. Mientras que sectores vinculados a los Comunes han mantenido contactos con la cúpula que encabeza Irene Montero, Más Madrid mantiene el veto sobre la exministra de Igualdad. La exigencia de primarias abiertas por parte de los representantes morados añade una capa de complejidad a unas negociaciones que, según fuentes internas de la coalición, se encuentran en un punto de máximo agotamiento tras dos reuniones extraordinarias sin resultados concluyentes.
El contexto demoscópico agrava la urgencia de un acuerdo. Los últimos sondeos indican una pérdida de apoyo electoral cercana al 50% respecto a los resultados obtenidos en 2023. Ante este escenario, la dirección del Frente Amplio debe decidir antes del próximo miércoles si logra un pacto de mínimos que garantice la presencia de la papeleta única en todos los colegios electorales o si se enfrenta a una fragmentación que, según los analistas, podría favorecer la concentración del voto progresista en torno a las siglas del PSOE.
