Sumar registra una enmienda para blindar el derecho al voto de los descendientes de exiliados

El grupo parlamentario Plurinacional Sumar ha anunciado este martes la presentación de una enmienda a la Ley Orgánica de Educación, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio de los descendientes de exiliados. La iniciativa busca dejar sin efecto la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Supremo sobre la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘Ley de Nietos’.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha explicado en sede parlamentaria que la propuesta pretende elevar a rango de ley la instrucción administrativa que ha sido cuestionada por el alto tribunal. Mediante esta modificación, se busca consolidar por vía legislativa la condición de exiliados para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, asegurando de forma definitiva su derecho a participar en los procesos electorales.

La formación ha aprovechado la apertura del plazo de enmiendas parciales a la normativa educativa para introducir este ajuste legal. Según ha argumentado Santiago, la medida responde a la necesidad de resolver la inseguridad jurídica derivada de la decisión del Tribunal Supremo, la cual considera que infringe un derecho constitucional fundamental. El portavoz ha incidido en que la suspensión cautelar priva del derecho de voto a ciudadanos españoles cuya nacionalidad no ha sido cuestionada en ningún momento por la justicia.

Durante su comparecencia, el diputado ha subrayado que el peso de estos sufragios en el recuento total es reducido y no supone una alteración significativa del censo electoral. No obstante, ha calificado de excepcional en el periodo democrático que se suspenda de forma cautelar el ejercicio del derecho al voto de un colectivo de ciudadanos. Con la elevación de la instrucción al cuerpo de una ley orgánica, el grupo parlamentario espera despejar las dudas interpretativas que han motivado la intervención del Supremo.

Esta iniciativa se inscribe en la estrategia del grupo para blindar los efectos de la Ley de Memoria Democrática ante posibles recursos judiciales. El texto propuesto por Sumar deberá ahora ser debatido en la comisión correspondiente antes de su posible incorporación al dictamen final de la ley educativa que se remita al Pleno del Congreso y, posteriormente, al Senado.