Sumar impulsa un nuevo decreto de alquileres con concesiones fiscales a Junts y el PNV
Sumar ha iniciado los trabajos para presentar un nuevo decreto ley destinado a prorrogar los contratos de alquiler, incorporando para ello las demandas fiscales de Junts per Catalunya y el PNV. Esta maniobra parlamentaria busca garantizar la convalidación de la norma tras la reciente derogación de un texto similar en el Congreso de los Diputados, integrando incentivos tributarios que faciliten el respaldo de los grupos nacionalistas e independentistas para asegurar la estabilidad del mercado arrendatario.
El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, ha detallado que el acuerdo en construcción prevé incluir deducciones fiscales por la compra y renovación de vivienda habitual, así como medidas legales para evitar que la casa de personas mayores de 65 años que ingresan en una residencia pase a ser considerada una segunda vivienda. Asimismo, se contempla eximir del IVA a los pequeños autónomos con una facturación anual inferior a los 85.000 euros, una medida orientada a atraer el apoyo de las fuerzas parlamentarias que el grupo considera necesarias para alcanzar la mayoría.
La formación liderada por Yolanda Díaz ha manifestado sus reticencias ante la postura del PSOE en el marco de esta negociación. Según ha advertido Ibáñez, los socialistas estarían planteando «ayudas a los rentistas» que exceden las peticiones originales de Junts y el PNV, lo que, a juicio de Sumar, podría generar «ruido» en lugar de facilitar el consenso. El portavoz confía en que la intervención del Ministerio de Hacienda facilite el proceso, dado que la mayoría de las propuestas en debate tienen un marcado carácter fiscal y competencial de dicho departamento.
Por su parte, el ala socialista del Gobierno, representada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por una reforma más integral. Rodríguez prefiere canalizar el posible acuerdo a través de la ponencia de la ley de alquiler de temporada y de habitaciones, actualmente bloqueada en el Congreso. La ministra sostiene que es necesario trabajar en incentivos fiscales para lograr una bajada efectiva de los precios de la vivienda, más allá de la prórroga coyuntural de los contratos vigentes.
Sumar rechaza la vía propuesta por el PSOE al considerar que el trámite de una ley ordinaria podría alargarse en exceso e, incluso, verse bloqueado por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Tras la derogación la semana pasada del decreto que limitaba al 2% las actualizaciones anuales de las rentas y prorrogaba los contratos vencidos entre 2026 y 2027, el grupo plurinacional insiste en la fórmula del decreto ley como la única herramienta rápida para dar respuesta a la situación habitacional actual.
En este escenario, las fuentes de la coalición aseguran percibir una disposición más favorable a la negociación en el grupo parlamentario de Junts que en sus propios socios de Gobierno. La resolución de este conflicto interno en el Ejecutivo marcará el futuro de la política de vivienda en el corto plazo, supeditada a un equilibrio técnico y político entre las demandas de los socios de investidura y las directrices del Ministerio de Vivienda.
