El Tribunal Supremo obliga al Ministerio del Interior a facilitar la nacionalidad de los internos en los CIE

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), anulando la resolución de la Dirección General de la Policía que denegaba el acceso a los datos sobre la nacionalidad de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El Alto Tribunal establece que la Administración no puede limitar el derecho de acceso a la información pública mediante alegaciones genéricas relativas a un potencial perjuicio para las relaciones exteriores de España.

La sentencia pone fin a un litigio de más de tres años y concluye que la motivación reiterada por el Ministerio del Interior para restringir estos datos «no constituye justificación suficiente». Según el fallo, a partir de este momento, cualquier limitación al acceso a la información pública por parte del Ejecutivo deberá estar debidamente acreditada mediante un «perjuicio concreto y tangible», descartando interpretaciones basadas en escenarios meramente hipotéticos.

El tribunal subraya que la Administración debe ponderar el «interés social» de la información solicitada antes de aplicar restricciones. En este sentido, la resolución reconoce la labor de documentación e investigación desarrollada por el SJM durante los últimos quince años, destacando que sus informes anuales sirven como fuente de información relevante para profesionales, instituciones y medios de comunicación sobre el funcionamiento de los centros de internamiento.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes han señalado que este acceso a los datos de nacionalidad permitirá analizar con rigor técnico diversos indicadores del sistema migratorio. Entre ellos, destacan la correlación entre el país de origen y la privación de libertad, la tasa de ejecución efectiva de las órdenes de expulsión y el impacto real de las políticas de control fronterizo en los derechos de las personas extranjeras.

La entidad considera que el fallo judicial se alinea con las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de transparencia migratoria. Asimismo, sostiene que la decisión refuerza los mecanismos de control de la sociedad civil sobre la actuación administrativa y el seguimiento de las políticas públicas, avanzando hacia un modelo de transparencia activa donde la información sobre los CIE sea accesible de forma ordinaria para la ciudadanía.

Finalmente, la resolución judicial incide en la importancia de la transparencia en espacios de privación de libertad. El SJM ha reiterado su postura crítica frente al uso del internamiento como herramienta de control migratorio, cuestionando su eficacia y señalando los impactos negativos que esta medida genera sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes.