El Gobierno central facilitará pruebas de ADN a familiares de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado la puesta a disposición de pruebas de ADN para las familias que buscan a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Esta medida tiene como objetivo principal agilizar las labores de identificación de los restos óseos que se hallen en las diversas exhumaciones realizadas en el territorio nacional. El anuncio fue realizado por el ministro Ángel Víctor Torres tras la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrada este viernes en La Palma.
Durante la sesión de este órgano sectorial, se ha aprobado por una mayoría calificada el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas destinados a proyectos de exhumación e investigación. El acuerdo contó con la ausencia de votos en contra y únicamente dos abstenciones. El ministro Torres ha destacado el consenso alcanzado en esta materia, subrayando que, a pesar de las diferencias legislativas existentes en algunas comunidades, el proceso de exhumación, dignidad y reparación cuenta con un respaldo institucional mayoritario.
Las pruebas genéticas se llevarán a cabo en una red de laboratorios distribuidos por todo el país. Según ha detallado el titular de Memoria Democrática, el Gobierno central trabajará de forma coordinada con las administraciones autonómicas y se ha comprometido a aportar recursos adicionales en caso de que las comunidades necesiten reforzar su capacidad técnica para este cometido. La urgencia de esta iniciativa radica, según el Ejecutivo, en el avanzado tiempo transcurrido desde los acontecimientos, lo que dificulta el hallazgo de muestras biológicas directas en las generaciones sucesivas.
La transferencia de fondos permitirá a las comunidades autónomas iniciar o continuar con los proyectos administrativos y técnicos ya presentados. El ministro ha enfatizado que este paso es fundamental para dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia y reparación. Asimismo, ha contrapuesto el tono constructivo y la disposición al acuerdo del Consejo Territorial de Memoria frente a otros foros sectoriales donde la interlocución entre el Estado y las autonomías resulta más compleja.
En el desglose territorial, se ha informado de que la comunidad autónoma de Canarias percibirá un total de 700.000 euros para investigación y exhumaciones. Estos fondos se complementarán con partidas específicas para los cabildos de La Palma, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, destinadas a intervenciones en emplazamientos históricos como Fuencaliente o el Pozo de la Vuelta del Francés, además de la creación de centros de interpretación.
Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha confirmado que la administración regional completará con fondos propios la asignación estatal para cubrir tanto los proyectos vigentes como las nuevas propuestas de divulgación. Barreto ha señalado la importancia institucional de estas acciones, vinculándolas a la conmemoración del primer día de la memoria en Canarias el próximo 7 de mayo, fecha que recuerda la primera exhumación judicial de represaliados en las islas hace más de tres décadas.
