El Tribunal Supremo eleva al Parlamento Europeo el cuarto suplicatorio contra Alvise Pérez
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha remitido al Parlamento Europeo una nueva solicitud para que se proceda a retirar la inmunidad parlamentaria al eurodiputado Luis «Alvise» Pérez. Este cuarto suplicatorio busca permitir el avance de una investigación por presuntos delitos de coacciones o, de forma alternativa, amenazas condicionales contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
El instructor de la causa en el alto tribunal, el magistrado Antonio del Moral, fundamenta la petición en los indicios presentados tras la querella interpuesta por el regidor gaditano. Según el auto judicial, el investigado habría utilizado su canal público en la plataforma de mensajería Telegram para verter declaraciones y mensajes nominales contra Landaluce entre los años 2024 y 2025.
La investigación apunta a que el líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF) habría instado públicamente al alcalde de Algeciras a dimitir de su cargo. De acuerdo con el relato de los hechos, estas demandas iban acompañadas de la advertencia de publicar contenidos comprometedores relativos a supuestos comportamientos delictivos, que abarcaban desde presuntas irregularidades administrativas en el consistorio hasta delitos de índole sexual, en caso de no producirse la renuncia.
Desde el punto de vista jurídico, el Tribunal Supremo determina que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de coacciones, tipificado en el artículo 172.1 del Código Penal, o bien de amenazas condicionales, recogidas en el artículo 169.1 del mismo texto legal. La condición de aforado del europarlamentario exige la autorización previa de la Eurocámara para que el procedimiento judicial pueda continuar su curso ordinario.
Esta nueva solicitud se suma a la actividad procesal que el Supremo mantiene sobre el eurodiputado. Hasta la fecha, el tribunal ha cursado otros tres suplicatorios previos. Dos de ellos ya han sido concedidos por el Parlamento Europeo: el relativo a la presunta financiación ilegal de su partido y delito electoral, y el referente a mensajes contra la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Un tercero, por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra otros dos eurodiputados de su propia lista electoral, se encuentra todavía en tramitación.
En total, Alvise Pérez suma seis causas abiertas en el Tribunal Supremo. Además de las cuatro que ya cuentan con suplicatorio, el alto tribunal investiga la presunta difusión de una prueba diagnóstica de covid-19 falsa atribuida a Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat, y una reciente causa abierta por la presunta instigación de desórdenes públicos durante las protestas del sector agrario en Madrid el pasado febrero de 2024.


