El Tribunal Supremo inadmite el recurso de Abogados Cristianos contra el Consejo de la Memoria Democrática
El Tribunal Supremo ha dictado un auto por el cual inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el Real Decreto 265/2025. Dicha norma regula el funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. El Alto Tribunal fundamenta su decisión en la falta de legitimación de la organización recurrente para impugnar la normativa vigente.
La resolución judicial no solo rechaza las pretensiones de la fundación, sino que además impone a la entidad el pago de las costas procesales. La cuantía de estas costas se ha fijado en un importe máximo de 4.000 euros. El Tribunal ha señalado que las objeciones presentadas por Abogados Cristianos guardan escasa relación con el contenido técnico y organizativo del real decreto impugnado.
Argumentación jurídica sobre la neutralidad ideológica
En el análisis del fondo, el Tribunal Supremo sostiene que la composición del Consejo de la Memoria Democrática no vulnera el principio de libertad ideológica. A pesar de que el órgano cuenta con una mayoría de representantes vinculados a la administración gubernamental, el tribunal determina que esta estructura no contraviene los preceptos constitucionales de neutralidad exigidos para este tipo de organismos consultivos y de registro.
Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos había formalizado su recurso el pasado 24 de abril de 2025. En su escrito, la entidad alegaba que el real decreto, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, constituía un «instrumento deliberado» para omitir la persecución religiosa ocurrida durante la Guerra Civil española. Según la recurrente, la norma imponía una narrativa que relegaba a las víctimas del ámbito católico, vulnerando así la pluralidad ideológica.
Reacción institucional del Ministerio
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha valorado positivamente el fallo del Tribunal Supremo. A través de un comunicado en redes sociales, el titular de la cartera ministerial ha manifestado que la decisión judicial supone un respaldo a la Ley de Memoria Democrática y a los mecanismos creados para garantizar los principios de verdad, justicia y reparación.
Torres subrayó que la sentencia avala la legitimidad de las herramientas normativas diseñadas para reconocer el esfuerzo de las entidades memorialistas en la defensa de los derechos humanos. Con esta decisión, el reglamento del Consejo de la Memoria Democrática mantiene su plena vigencia técnica y jurídica para la coordinación de las políticas públicas en esta materia.
