El Tribunal Supremo analiza elevar la regularización extraordinaria de extranjeros a la justicia europea

El Tribunal Supremo ha abierto la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros impulsado por el Gobierno de España. El Alto Tribunal ha dictado dos providencias en las que solicita a las partes personadas su valoración sobre si el Real Decreto del pasado 14 de abril podría contravenir el derecho comunitario y los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea.

Esta decisión surge a raíz de los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón contra diversos puntos de la normativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha otorgado un plazo de cinco días a las partes para que expresen su parecer sobre la pertinencia de plantear una cuestión prejudicial interpretativa ante el TJUE, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por los ejecutivos autonómicos.

El Tribunal Supremo centra su análisis en la compatibilidad de esta medida con el Convenio de Schengen y el Pacto de Migración y Asilo de 2024. Según el tribunal, la regularización de carácter masivo, implementada mediante una norma de rango infralegal y sin constancia de coordinación previa con el resto de los Estados miembros, podría generar fricciones con el marco normativo común europeo que exige una gestión compartida de los flujos migratorios.

En sus resoluciones, los magistrados señalan que, bajo el amparo de este Real Decreto, un nacional de un tercer país beneficiario de una autorización de residencia temporal adquiere automáticamente el derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante 90 días en periodos de 180. El Tribunal advierte que la normativa española no plantea un reconocimiento individualizado, sino un régimen general normativo para ciudadanos en situación irregular que cumplan determinadas condiciones.

El Alto Tribunal recuerda que el reglamento europeo que desarrolla el Pacto de Migración subraya que la responsabilidad sobre las llegadas de inmigrantes y solicitantes de asilo debe ser asumida por la Unión Europea en su conjunto y no por los Estados miembros de forma aislada. Por tanto, el Supremo duda si el procedimiento español vulnera el principio de actuación eficaz y coordinada frente al fenómeno migratorio establecido por las instituciones de Bruselas.

Con este movimiento jurídico, el Tribunal Supremo busca esclarecer si un Estado miembro puede adoptar de forma unilateral medidas de regularización masiva que afecten a la libre circulación dentro del espacio común europeo, especialmente tras la reciente aprobación de normas que unifican los procedimientos de protección internacional en la Unión Europea.