Suspendida la declaración de los agentes de policía en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez
La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha acordado la suspensión de las comparecencias de los agentes de policía que identificaron a dos periodistas en las inmediaciones del domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión judicial se ha producido tras la petición formulada por las partes personadas en el procedimiento, que investiga un presunto delito de revelación de secretos.
Según han confirmado fuentes jurídicas, la magistrada ha optado por aplazar los testimonios previstos para este martes debido a las dudas técnicas sobre la posición procesal de los efectivos policiales. La juez instructora considera que, en el estado actual de las diligencias, no resulta procedente tomarles declaración en calidad de testigos, ante la posibilidad de que su situación legal pudiera derivar en una eventual imputación.
El núcleo de la investigación se centra en la actuación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional. Se analiza si el responsable de comunicación incurrió en un delito de revelación de secretos al difundir en un chat de mensajería datos personales de dos periodistas que se encontraban realizando labores informativas el pasado 19 de marzo de 2024 cerca de la vivienda de Díaz Ayuso.
En su declaración ante el juzgado el pasado 6 de mayo, Miguel Ángel Rodríguez negó haber cometido irregularidad alguna. El jefe de gabinete sostuvo que la información sobre los periodistas no le fue facilitada por la Policía Nacional, sino que los reconoció a través de una fotografía que le reenvió la pareja de la presidenta. Según su versión, dicha imagen procedía originalmente de un vecino del inmueble.
El procedimiento judicial se inició el pasado mes de marzo, cuando la titular de la sección de instrucción citó a Rodríguez bajo la condición de denunciado y querellado. En el marco de estas diligencias, también han sido llamados a declarar los periodistas afectados de El País, así como el director general de seguridad de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de esclarecer el origen y el tratamiento de los datos personales difundidos.
