El Congreso aprueba definitivamente la rebaja de los requisitos para formar grupo parlamentario
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la reforma del Reglamento de la Cámara que flexibiliza los requisitos necesarios para la constitución de grupos parlamentarios propios. La medida, impulsada por ERC, Junts, BNG, Compromís y Podemos, ha contado con el respaldo del PSOE y el voto en contra del Partido Popular, Vox y UPN.
La modificación normativa mantiene la regla general que exige un mínimo de 15 diputados para formar grupo, pero altera sustancialmente la vía alternativa de los cinco escaños. A partir de ahora, el umbral de voto necesario para las formaciones que opten por esta segunda vía se reduce del 15 % al 10 % en las circunscripciones donde se hayan presentado, y del 5 % al 3 % en el conjunto del país.
Defensa de la pluralidad y corrección reglamentaria
Durante el debate en la última sesión plenaria del curso político, los grupos proponentes han defendido que la reforma garantiza que el Congreso refleje de manera más fiel la diversidad del electorado. Inés Granollers, diputada de ERC, ha manifestado que la iniciativa asegura que en la próxima legislatura quepan «todas las voces» y no solo aquellas que el bipartidismo decida escuchar.
En una línea similar, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha señalado que la reforma busca evitar interpretaciones «torticeras» del reglamento que, a su juicio, han sido utilizadas históricamente para dificultar la presencia de partidos nacionalistas con entidad propia. Por su parte, Alberto Ibáñez (Compromís-Sumar) ha argumentado que esta modificación compensa un sistema electoral diseñado para favorecer a las grandes formaciones nacionales.
Desde las filas socialistas, la diputada María Adrio ha justificado el apoyo del grupo mayoritario de la coalición de Gobierno en la necesidad de corregir la «rigidez» de las normas actuales, apostando por un modelo de Cámara donde «todos quepan» y se fomente el diálogo parlamentario.
Críticas de la oposición por «intereses partidistas»
Para el bloque de la oposición, liderado por el Partido Popular y Vox, la reforma no responde a una mejora democrática, sino a una estrategia de supervivencia de los socios del Ejecutivo. El diputado popular Pedro Navarro ha calificado la rebaja de «pago político» y ha advertido que el objetivo real es facilitar el acceso a recursos materiales, tales como subvenciones, asesores, despachos y presencia permanente en los órganos de dirección de la Cámara.
Carlos Flores Juberías, representante de Vox, ha interpretado la medida como un síntoma de «final de ciclo», comparando la rebaja de requisitos con las liquidaciones de temporada. Según su formación, el PSOE se muestra como un «rehén» de las exigencias de sus socios de investidura, quienes anticiparían una pérdida de apoyo electoral en futuros comicios.
Finalmente, Alberto Catalán, de UPN, se ha sumado a las críticas calificando la modificación de «sectaria» y orientada exclusivamente a blindar la capacidad de actuación de las minorías territoriales en detrimento de la estabilidad de las normas que rigen el funcionamiento del Legislativo.
