Estados Unidos y Venezuela formalizan acuerdo petrolero por 100 años bajo críticas de sectores institucionales
El Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela han formalizado un acuerdo de concesión petrolera por un periodo de 100 años, que otorga a la empresa privada North American Blue Energy Partners (Nabep) el control operativo de 17 campos petrolíferos. El convenio contempla la gestión de reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa una reconfiguración de las relaciones energéticas y políticas entre Washington y Caracas.
Según los términos difundidos por las autoridades estadounidenses, el acuerdo no implicará costos para los contribuyentes de ese país, ya que Nabep ha cedido una participación del 35% de su empresa matriz a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de EE. UU. Además, la compañía se ha comprometido a suministrar el 20% de su producción al gobierno estadounidense a precio de costo, garantizando la preferencia de venta para el volumen restante durante el próximo siglo.
El expresidente y actual candidato presidencial Donald Trump se pronunció sobre el alcance de esta alianza, calificando la relación actual con Venezuela como productiva en términos financieros. «Estamos haciendo cantidades masivas de dinero y estamos trabajando muy bien con Venezuela», afirmó el mandatario, destacando que el control de estas reservas amplía significativamente la seguridad energética de su país frente a los activos previamente controlados por operadoras de origen ruso y chino.
La ejecución del proyecto recae sobre Nabep, firma dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. El Departamento de Estado anunció que la inversión proyectada asciende a 100.000 millones de dólares, aunque los mecanismos de financiamiento no han sido detallados públicamente. Nabep se posiciona así como la segunda productora privada de crudo en territorio venezolano, solo por detrás de la corporación estadounidense Chevron.
Pese a la magnitud económica del anuncio, el acuerdo ha suscitado fuertes cuestionamientos en el ámbito jurídico y académico. Expertos en derecho constitucional y economía han señalado que el pacto carece de procesos de licitación pública, transparencia contable y respaldo legislativo. El economista Ricardo Hausmann calificó la medida como una decisión discrecional que vulnera el marco legal venezolano, argumentando que la entrega de recursos estratégicos se ha realizado sin el debido control institucional.
Desde la oposición venezolana, la dirigente María Corina Machado manifestó su preocupación por la opacidad en los detalles del contrato. Si bien reconoció a Estados Unidos como un socio estratégico necesario para el desarrollo del país, cuestionó la legitimidad de las firmas involucradas y la falta de garantías para el patrimonio nacional. «El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano», sostuvo la líder política.
El contexto político de este acuerdo se produce en un periodo de transición y expectativas ante las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Mientras el gobierno venezolano, representado en este proceso por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, busca consolidar su permanencia en el poder hasta 2030, el sector energético global observa con atención el impacto que tendrá este control mayoritario estadounidense sobre las mayores reservas de crudo del mundo.
