Asociaciones de repartidores en Francia denuncian a Uber Eats y Deliveroo por presunta trata de seres humanos
Diversas asociaciones de apoyo a repartidores de las plataformas digitales Uber Eats y Deliveroo han presentado una denuncia penal por trata de seres humanos ante la Fiscalía de París. La iniciativa, impulsada por colectivos como la Maison des livreurs de Burdeos y la Maison des coursiers de París, busca que la justicia francesa reconozca penalmente lo que califican como un sistema de explotación basado en la vulnerabilidad de los trabajadores.
El equipo jurídico de los demandantes, encabezado por el abogado Thibault Laforcade, sostiene que los elementos reunidos durante dos años de investigación encajan en la tipificación legal de trata de personas con fines de explotación laboral. Según la argumentación de la demanda, las prácticas de estas empresas aprovechan la precariedad de los repartidores para imponer condiciones que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La denuncia se sustenta en múltiples testimonios recogidos en todo el país, así como en informes de organizaciones sociales que alertan sobre las condiciones de trabajo en el sector. Entre los datos aportados, se cita un estudio que señala que los repartidores trabajan un promedio de 63 horas semanales por una remuneración bruta mensual de aproximadamente 1.480 euros. Se estima que en Francia operan entre 70.000 y 100.000 repartidores vinculados a estas aplicaciones.
Los colectivos denunciantes señalan que el modelo de negocio, gestionado mediante algoritmos de asignación de pedidos y tarifas, genera una fuerte dependencia económica y jornadas extenuantes que afectan especialmente a los trabajadores inmigrantes. Además de la acción penal, se ha enviado un requerimiento formal a Uber Eats como paso previo a una posible demanda colectiva por discriminación, cuestionando la opacidad en la asignación de tareas por parte del sistema informático.
Ante estas acusaciones, ambas compañías han manifestado su rechazo. Uber Eats ha declarado que la denuncia carece de fundamento jurídico, mientras que Deliveroo ha negado que su modelo operativo pueda equipararse a una forma de explotación. Ambas empresas defienden la flexibilidad de su modelo de trabajo autónomo frente a las críticas de las asociaciones de repartidores.
El proceso judicial en Francia es seguido con atención por observadores internacionales, dado que es la primera vez que se utiliza la figura penal de trata de seres humanos para cuestionar el modelo de la economía de plataformas. Los impulsores de la demanda esperan que una eventual sentencia condenatoria sirva de precedente para que otros países utilicen instrumentos legales similares para regular las condiciones laborales en el sector del reparto a domicilio.
