La Universidad Complutense reclama 113.509 euros a Begoña Gómez en concepto de responsabilidad civil
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado formalmente que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, abonen la cantidad de 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil. Esta petición se fundamenta en el presunto perjuicio económico causado a la institución educativa por el uso de un software y de personal universitario para fines particulares, en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La institución académica ha remitido su escrito de conclusiones provisionales al magistrado Juan Carlos Peinado tras el reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid. En dicho pronunciamiento, el tribunal acordó el archivo de las actuaciones relativas a los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero ratificó la continuidad del procedimiento por un presunto delito de malversación de caudales públicos, que será juzgado mediante el sistema de jurado popular.
La UCM, personada en la causa como parte perjudicada, sostiene que existen indicios racionales de que el software desarrollado en el seno de la Cátedra Extraordinaria codirigida por Gómez constituye un activo de titularidad pública. Según el escrito, el programa fue financiado con recursos de la universidad y aportaciones de entidades colaboradoras destinadas a fines de interés público, por lo que su registro a favor de la mercantil Transforma TSC se habría realizado sin el conocimiento ni la autorización de la universidad.
El desglose de la cuantía reclamada responde, por un lado, a la pérdida de disponibilidad del activo tecnológico desarrollado con fondos institucionales y, por otro, al coste de las retribuciones satisfechas al personal al servicio de la Administración cuya actividad habría sido desviada a proyectos privados. La universidad enfatiza que los recursos de la cátedra conservan su naturaleza pública al estar vinculados estatutariamente al cumplimiento de fines educativos y universitarios.
En cuanto a la figura de Cristina Álvarez, la Universidad Complutense la señala como «cooperadora necesaria» del presunto delito de malversación. El escrito argumenta que su participación fue indispensable para el desvío del patrimonio universitario hacia fines privados, excediendo las funciones inherentes a su puesto en la Presidencia del Gobierno y prestando una colaboración esencial para la codirectora de la cátedra.
Tras la recepción de estas conclusiones, el juez Peinado ha instado a las defensas de Gómez y Álvarez a presentar sus respectivos escritos en un plazo de cinco días. Por su parte, la Fiscalía ya ha adelantado que no formulará acusación y que solicitará la libre absolución de las investigadas, al considerar que no concurren elementos constitutivos de infracción penal en los hechos analizados por el instructor.
