La UCO señala irregularidades en la facturación de una empresa de González Amador a Quirón Prevención
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que la sociedad Masterman & Whitaker, propiedad de Alberto González Amador, facturó servicios de asesoría a la empresa de sanidad privada Quirón Prevención a pesar de carecer de la estructura y capacidad técnica necesarias para realizarlos. Según los investigadores, esta operativa podría estar vinculada a presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y administración desleal.
La investigación se centra en la adquisición de la mercantil, anteriormente denominada Círculo de Belleza, por un importe de 500.000 euros en diciembre de 2020. La operación se realizó con la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. La UCO destaca que, en el momento de la transacción, la sociedad no contaba con activos significativos, empleados ni una cartera de clientes que justificase el precio abonado por González Amador.
Tras el cambio de titularidad y la modificación de su denominación social, la facturación de la empresa experimentó un incremento sustancial. Mientras que en 2020 la sociedad registró ingresos cercanos a los 30.000 euros, en el ejercicio de 2021 los ingresos ascendieron a 327.300 euros. El informe técnico subraya que la totalidad de estos fondos procedían de Quirón Prevención por labores de asesoría, a pesar de que los medios materiales de la empresa consistían únicamente en tres equipos de tratamiento estético y un ordenador portátil.
Los agentes de la Guardia Civil plantean la hipótesis de que esta compraventa empresarial podría haber servido como mecanismo para encubrir el reparto de comisiones derivadas de la intermediación en la venta de mascarillas durante la crisis sanitaria. Los investigadores sostienen que el sobreprecio pagado por la sociedad podría constituir un «soborno» vinculado a una operación de suministro de material sanitario a la Comunidad de Madrid, en la que se estima una comisión total de dos millones de euros.
Hasta el momento, el juzgado de instrucción encargado del caso ha tomado declaración tanto a Alberto González Amador como a la anterior propietaria de la mercantil. Las pesquisas judiciales, enmarcadas en una pieza separada, continúan analizando la trazabilidad de los pagos y la justificación real de los servicios facturados para determinar posibles responsabilidades penales en el marco de la gestión de fondos y contratos mercantiles.
