UPN propone en el Congreso disolver las asociaciones que realicen apología del terrorismo
La formación Unión del Pueblo Navarro (UPN) someterá a votación este próximo miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta al Gobierno a reformar la legislación vigente sobre el derecho de asociación. La iniciativa busca incluir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología del terrorismo o enaltecimiento de organizaciones terroristas y sus integrantes.
La propuesta plantea específicamente una modificación de la Ley Orgánica 1/2002 para que el ordenamiento jurídico contemple la disolución de aquellas asociaciones que ensalcen a la banda terrorista ETA o a cualquier otra organización criminal. La medida se enfoca especialmente en los supuestos donde concurra menosprecio, humillación de la dignidad de las víctimas o incitación directa o indirecta al odio y la violencia contra las mismas.
En la exposición de motivos de la iniciativa, recogida por Europa Press, el grupo parlamentario navarro califica como una «aberración democrática» la existencia de colectivos que organicen actos para honrar la trayectoria de terroristas. Según el texto, estas actividades suponen un agravio para la memoria de las víctimas y la salud democrática del país.
El texto de la proposición no de ley fundamenta su petición en el impacto histórico del terrorismo en España. Recuerda que ETA asesinó a 853 personas entre 1968 y 2010, y alude también a la amenaza yihadista, mencionando los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que se saldaron con 193 fallecidos, y los ataques de Barcelona y Cambrils en 2017.
Asimismo, UPN se apoya en datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), cuyo Observatorio de la Radicalización registró un total de 421 actos de apoyo a ETA a lo largo del año 2024. Según la formación, estas cifras demuestran que el culto a la organización terrorista y a sus miembros persiste en determinados ámbitos sociales, lo que justificaría una respuesta legislativa más contundente.
Con esta iniciativa, el debate parlamentario se centrará en los límites del derecho de asociación y la necesidad de adecuar la normativa para evitar que estructuras asociativas legales sean utilizadas para fines que atenten contra la dignidad de las víctimas del terrorismo.
