Sanidad concluye que la población inmigrante utiliza menos el sistema sanitario que la nacida en España
El Ministerio de Sanidad ha presentado este lunes el informe «Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España», un documento que revela que la población inmigrante hace un uso menor de los servicios públicos de salud en comparación con las personas nacidas en territorio nacional. Según el estudio, el acceso de este colectivo es, con frecuencia, «más limitado, más intermitente y más tardío», lo que condiciona los resultados en salud y la eficiencia de la atención prestada.
Durante la presentación del informe, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que la población autóctona registra entre un 18 % y un 51 % más de visitas a Atención Primaria y un consumo de medicamentos superior en una horquilla de entre el 32 % y el 69 %. Asimismo, la prevalencia de enfermedades crónicas es significativamente mayor en la población nacida en España, con una tasa de personas que padecen tres o más patologías hasta un 65 % superior a la registrada en personas procedentes de otras regiones.
El análisis, que sigue la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que la población migrante suele llegar a España con un mejor estado de salud, fenómeno conocido como la «ventaja inicial». Sin embargo, esta condición tiende a deteriorarse con el tiempo debido a los denominados determinantes sociales de la salud, como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y las barreras administrativas o lingüísticas en la relación con el sistema sanitario.
Uno de los puntos críticos señalados por la titular de Sanidad es el acceso tardío a los servicios asistenciales. García ha advertido que las dificultades para entrar en los circuitos de Atención Primaria impiden el diagnóstico precoz y el seguimiento adecuado de patologías, lo que deriva en una mayor exposición a los servicios de Urgencias y a ingresos hospitalarios. «Cuando existen obstáculos para acceder al sistema, las personas terminan llegando tarde y en peores condiciones», ha manifestado la ministra.
En cuanto al perfil de vulnerabilidad, el informe subraya que las mujeres migrantes enfrentan las mayores dificultades. En este grupo confluyen sesgos de género, origen y condiciones socioeconómicas que limitan su acceso a recursos básicos y servicios específicos, como la interrupción voluntaria del embarazo. En términos generales, solo en cinco patologías concretas la población migrante presenta peores indicadores: diabetes en la región del Mediterráneo Oriental, hipertensión e insuficiencia renal en África, infarto en Europa y problemas de gestión administrativa en Latinoamérica.
Desde una perspectiva económica y de gestión, el Ministerio de Sanidad sostiene que proporcionar una atención sanitaria estándar es más coste-efectivo que limitar la cobertura a los servicios de urgencias. El informe se enmarca en la defensa del Real Decreto 180/2024, que busca recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud. García ha rechazado los conceptos de «prioridad nacional» y ha defendido que la sanidad pública funciona como una red de seguridad que garantiza el derecho a la salud sin exclusiones.
Finalmente, el estudio desglosa el modelo de asistencia, indicando que el 61,5 % de la población nacida fuera de España recurre de forma exclusiva a la sanidad pública, frente al 59,3 % de los nacidos en el país. Respecto a la sostenibilidad del sistema, la ministra ha recordado que la población migrante contribuye a través de impuestos indirectos y que los procesos de regularización permitirán incrementar las cotizaciones, subrayando que el estrés del sistema sanitario responde a la infrainversión y no a la presión migratoria.
