La justicia acuerda la apertura de juicio oral contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción número 4 de Ibiza ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por su presunta implicación en el denominado caso «La vida islados». La causa investiga la posible comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas derivados de la contratación de una campaña de promoción turística durante la pandemia de COVID-19.

La Audiencia Provincial de Baleares será la encargada de juzgar los hechos, que se dividen en dos ejes principales. Por un lado, la adjudicación del contrato mediante el procedimiento de emergencia —extremo que ya contó con un aval judicial previo— y, por otro, las supuestas presiones ejercidas sobre la interventora de la institución. Según el auto judicial, se analizarán diversas «interacciones verbales o gestuales» que podrían haber condicionado la labor de la funcionaria tras discrepancias en el nombramiento de su puesto.

La acusación particular, que representa a la interventora, ha solicitado penas severas para el dirigente del Partido Popular. En concreto, reclama 12 años de inhabilitación por prevaricación, dos años de prisión por tráfico de influencias acompañados de una multa de 500.000 euros, así como dos años y seis meses de cárcel por lesiones psíquicas y un año y medio adicional por coacciones. Asimismo, exige una indemnización de 80.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, el PSIB-PSOE, personado como acusación popular, coincide en la petición de 12 años de inhabilitación por prevaricación, aunque reduce a un año de prisión la solicitud por el delito de tráfico de influencias. En contraste con las posturas de las acusaciones, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, al no apreciar indicios suficientes de criminalidad en la gestión del presidente insular.

El origen del proceso se halla en la campaña publicitaria «La vida islados», cuya tramitación administrativa generó un conflicto interno en el Consell de Ibiza. Mientras la defensa sostiene la legalidad de los actos administrativos realizados bajo el marco de la emergencia sanitaria, el tribunal evaluará si existió un trato de favor o una extralimitación en las competencias para forzar la voluntad de la empleada pública encargada de la fiscalización de las cuentas institucionales.