Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz reclaman mayor cobertura institucional cinco meses después del siniestro

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha denunciado públicamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los supervivientes y familiares tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en la provincia de Córdoba. A través de un comunicado audiovisual, el colectivo critica la falta de apoyo efectivo por parte de las administraciones públicas y la ausencia de ayudas económicas que, según afirman, fueron comprometidas tras la tragedia que se saldó con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

El testimonio principal del vídeo lo aporta una médico que viajaba en uno de los trenes siniestrados —un Alvia y un Iryo— y que coordinó las primeras labores de auxilio en el lugar de los hechos. La profesional describe una situación de «sufrimiento en silencio» y alerta sobre la persistencia de secuelas físicas y psicológicas graves en los pasajeros, las cuales limitan su autonomía e independencia en el desempeño de su vida diaria cinco meses después de la colisión.

Desde el punto de vista clínico y social, los afectados hacen especial hincapié en la «herida emocional» que padecen, caracterizada por cuadros de ansiedad, depresión, ataques de pánico y fobias. Según el relato de las víctimas, este impacto psicológico no está siendo reconocido de forma oficial por las instituciones, a pesar de las consultas documentadas a especialistas y el tratamiento farmacológico que muchos de ellos requieren para afrontar el trauma derivado del accidente.

La asociación denuncia que la burocracia y los requisitos actuales están impidiendo que las ayudas lleguen a quienes necesitan una pausa laboral o asistencial para su recuperación. «Las ayudas prometidas no llegan a quienes han necesitado, e incluso siguen necesitando, una pausa para intentar superar la mayor tragedia de sus vidas», señala la portavoz en el documento, subrayando la indefensión que sienten frente al sistema de seguros y las coberturas administrativas actuales.

Ante esta situación, el colectivo solicita formalmente la modificación del marco normativo vigente. En concreto, instan a una revisión del Real Decreto que regula la protección a las víctimas de accidentes ferroviarios, con el objetivo de garantizar una cobertura integral que contemple de manera efectiva el daño emocional y facilite el acceso a las indemnizaciones y apoyos institucionales de manera más ágil y justa.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) continúa con el proceso técnico para esclarecer las causas del descarrilamiento. Recientemente, se han adjudicado contratos para el análisis de los carriles fracturados en el tramo de Adamuz, una pieza clave en la investigación pericial que determinará las responsabilidades técnicas del siniestro ferroviario más grave registrado en los últimos años.