Las víctimas del accidente de Adamuz recurren la unificación de la representación procesal
La Asociación Descarrilamiento Víctimas Adamuz ha interpuesto formalmente un recurso contra la providencia de la jueza encargada de investigar el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba. El colectivo rechaza la orden de unificar a las 148 partes personadas en la causa bajo una sola representación jurídica, una medida que califican de inviable dada la complejidad de los daños sufridos por los afectados.
El presidente de la asociación, Mario Samper, ha argumentado que la decisión judicial no se ajusta a las necesidades reales de las víctimas. En declaraciones institucionales, Samper señaló que la unificación de cientos de denuncias en un solo bloque procesal vulnera el derecho de los damnificados a una defensa personalizada. El colectivo sostiene que resulta imposible que un único letrado, sin contacto previo con los afectados, pueda gestionar las particularidades de cada expediente.
La principal discrepancia radica en la distinción entre la responsabilidad penal y la civil. Si bien la asociación comprende que la vertiente penal puede tener un nexo común, insisten en que la responsabilidad civil exige un tratamiento individualizado. Cada víctima presenta circunstancias personales, familiares y económicas distintas que requieren una evaluación técnica específica para determinar las indemnizaciones correspondientes.
El siniestro ferroviario, que tuvo lugar el pasado 18 de enero en la zona norte de la provincia de Córdoba, se saldó con el fallecimiento de 46 personas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad. La investigación judicial ha determinado hasta el momento que la vía presentaba una fractura desde el día previo al accidente, una anomalía estructural que los sistemas de seguridad y detección no lograron identificar a tiempo para evitar la tragedia.
Ante la carga de trabajo que supone una causa de esta magnitud, desde la Asociación Descarrilamiento Víctimas Adamuz instan a la administración de justicia a buscar alternativas que no comprometan la tutela judicial efectiva. El colectivo sugiere que, en lugar de unificar las representaciones, se solicite el refuerzo de magistrados o personal de apoyo para gestionar el volumen de personaciones sin menoscabar el derecho de defensa de los afectados.
Tras la presentación del recurso, las partes quedan ahora a la espera de la resolución del juzgado. La decisión que se adopte en las próximas semanas determinará el curso del procedimiento penal y civil de uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en la red de alta velocidad, en un proceso que continúa bajo supervisión judicial para dirimir las responsabilidades de la infraestructura y el servicio.
