La Ertzaintza investiga por terrorismo a dos militantes de la disidencia abertzale tras el hallazgo de material sensible
La detención de dos integrantes de la organización Jardun Koordinadora, identificados como Aratz Bilbao y Malen Grünig, ha dado lugar a la primera investigación por presunto terrorismo instruida por la Ertzaintza desde el año 2011. El operativo, derivado de un control rutinario en Guipúzcoa, ha permitido la incautación de material considerado de alta peligrosidad, que incluye cartografía detallada de antiguos depósitos de armas (zulos) de la banda terrorista ETA y dispositivos electrónicos con sistemas de encriptación avanzados.
Entre las evidencias intervenidas por las autoridades destacan, además de los mapas, listas con datos personales de agentes de la Guardia Civil, registros de matrículas y otras informaciones relativas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el momento de la detención, los sospechosos viajaban acompañados por Naoise O’Conarain, ciudadano irlandés presuntamente vinculado a estructuras del IRA, quien se encuentra actualmente en paradero desconocido tras haber sido puesto inicialmente en libertad por las autoridades judiciales.
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha comparecido para analizar la complejidad del caso, señalando que organizaciones como Jardun operan en una situación de «alegalidad». Al no estar inscritas en el registro de partidos políticos ni en el de asociaciones, estas plataformas eluden los mecanismos habituales de supervisión institucional, lo que dificulta el control sobre sus fuentes de financiación, sus liderazgos internos y sus pautas de actuación.
Por su parte, asociaciones de víctimas han manifestado su inquietud ante lo que califican como una falta de vigilancia histórica sobre estos grupos disidentes de la izquierda abertzale. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha denunciado que la Fiscalía ha desestimado advertencias previas sobre el crecimiento de estas estructuras. Según Portero, la falta de fiscalización ha permitido que organizaciones como Jardun, operativa desde aproximadamente 2013, desarrollen capacidades logísticas y de inteligencia que suponen un salto cualitativo en la actividad radical reciente.
La investigación también pone el foco en el marco operativo de otros colectivos como Ernai, organización juvenil vinculada al entorno de Sortu. Pese a su actividad pública y su presencia mediática, este grupo tampoco figura en los registros oficiales del Ministerio del Interior o del País Vasco. Las autoridades advierten que este vacío administrativo es utilizado por diversas plataformas para realizar actos de propaganda y acciones de vandalismo en la vía pública sin estar sujetas a la normativa de transparencia y control que rige para otras entidades sociales y políticas.
Tras las detenciones, efectivos de la Policía Foral de Navarra han realizado rastreos en la Sierra de Urbasa, zona donde los detenidos afirmaron haber estado antes de ser interceptados. Aunque por el momento las prospecciones no han arrojado resultados positivos sobre el terreno, la Audiencia Nacional mantiene abierta la causa para determinar el alcance de la red y la finalidad de la información sobre los agentes de seguridad del Estado hallada en poder de los investigados.
