Vivienda transfiere los primeros 800 millones del Plan Estatal 2026-2030 a las comunidades autónomas
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, dotada con 800 millones de euros. Esta cifra supone el primer desembolso de un presupuesto total de 7.000 millones de euros que el Gobierno de España tiene previsto ejecutar durante la vigencia del plan para el impulso de políticas habitacionales en colaboración con las comunidades autónomas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha enmarcado esta medida en el compromiso del Ejecutivo por ofrecer una respuesta coordinada y contundente a la crisis de acceso a la vivienda. Según ha detallado la titular del departamento, estos fondos iniciales permitirán reforzar la creación de parques de vivienda pública y protegida, con el objetivo de consolidar una oferta estable que responda a las necesidades actuales de la ciudadanía.
Como novedad regulatoria, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial encargada de regir los mecanismos de seguimiento y suministro de información del Plan. Este procedimiento se sustenta en el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, y busca establecer un sistema común de intercambio de datos entre administraciones para evaluar con precisión el grado de cumplimiento de los objetivos fijados.
La nueva arquitectura administrativa del Plan Estatal contempla la elaboración de informes trimestrales y anuales. Según fuentes del Ministerio, esta estructura de transparencia facilitará un seguimiento periódico y detallado de los avances, asegurando que los recursos públicos se gestionen con la máxima eficiencia y rigor en todo el territorio nacional.
Uno de los ejes transversales del PEV 2026-2030 es la protección permanente del parque de vivienda impulsado mediante estos fondos. La normativa establece que las viviendas calificadas bajo este plan no podrán ser descalificadas en el futuro, manteniendo su carácter público de forma indefinida. Asimismo, se refuerza la obligatoriedad de que la adjudicación de estos inmuebles se realice a través de procedimientos públicos y objetivos.
Con la transferencia de estos primeros 800 millones de euros, las comunidades autónomas disponen ya de los recursos necesarios para iniciar la licitación y ejecución de los proyectos contemplados en la primera fase del plan estatal, bajo las nuevas directrices de transparencia y control presupuestario.
