El Ministerio de Vivienda destina dos millones de euros a una campaña sobre la aplicación autonómica de la Ley de Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ejecutado una inversión superior a los dos millones de euros en la campaña institucional titulada ‘Una ley para vivir’. La iniciativa, desarrollada por el departamento que dirige Isabel Rodríguez, tiene como objetivo informar sobre el marco normativo de la Ley de Vivienda y señalar que su implementación efectiva en el mercado inmobiliario depende de las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas.

La cuantía económica de esta acción publicitaria ha sido dada a conocer a través de una resolución oficial del Ministerio en respuesta a una solicitud amparada en la Ley de Transparencia. Según la documentación aportada, los fondos se destinaron a la difusión de mensajes en televisión, radio, prensa escrita y plataformas digitales bajo el eslogan «Aplicar la Ley de Vivienda depende de tu comunidad autónoma», enfatizando la descentralización de las competencias en esta materia.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha defendido la legalidad y el propósito de la campaña. En su respuesta administrativa, el departamento sostiene que la publicidad institucional busca informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento del Estado y el ejercicio de los derechos constitucionales. Asimismo, fundamentan el contenido de los mensajes en la sentencia 79/2024 del Tribunal Constitucional, la cual ratifica que, una vez aprobada la norma a nivel estatal, corresponde a los gobiernos regionales la ejecución de sus herramientas principales.

Por su parte, el Partido Popular ha calificado la iniciativa de «escandalosa», argumentando que el Gobierno emplea recursos públicos para realizar una labor de crítica política hacia la oposición y para «tapar el fracaso» de sus propias políticas sectoriales. El principal partido de la oposición llevó esta cuestión al Congreso de los Diputados el pasado mes de junio, cuestionando el uso de fondos del erario para una campaña que consideran de carácter partidista y centrada en señalar a las administraciones autonómicas que no comparten el enfoque de la ley.

La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, presenta actualmente un mapa de aplicación desigual en el territorio nacional. Mientras que Cataluña y determinados municipios de Navarra y el País Vasco han optado por su aplicación integral —incluyendo la limitación de precios del alquiler en zonas tensionadas—, la mayoría de las comunidades autónomas han rechazado estas medidas. Los gobiernos regionales que se oponen a la norma argumentan que el control de precios puede generar una reducción de la oferta y consideran la ley como una medida intervencionista ajena a las dinámicas del mercado.

A pesar de haber concedido el acceso a la información presupuestaria total, el Ministerio no facilitó el desglose detallado por conceptos solicitado originalmente, alegando la complejidad del volumen de información requerida durante el proceso de respuesta. La campaña sigue siendo objeto de debate parlamentario en el marco de la gestión de la política habitacional del Ejecutivo nacional.