Vox solicita responsabilidades penales al Gobierno por el presunto control de las investigaciones policiales

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha reclamado este martes que el Ministerio del Interior y la dirección de la Guardia Civil asuman responsabilidades penales ante la justicia. La petición surge tras las recientes informaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) relativas a presuntas maniobras para interferir en las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo y del Partido Socialista.

En una comparecencia ante los medios en la Cámara Baja, Millán ha calificado la gestión del Ministerio del Interior como la de un «órgano de censura policial». Según la portavoz, se habrían producido intentos de coacción hacia los agentes encargados de indagar en casos de presunta corrupción, con el objetivo de frenar el avance de las pesquisas que vinculan a miembros de la formación en el Gobierno.

La formación parlamentaria ha puesto el foco en la reciente comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado. Vox vincula su gestión con los informes de la UCO que detallan encuentros entre la cúpula del cuerpo y la exmilitante socialista Leire Díez, quien presuntamente habría operado una trama para obtener información y mitigar el impacto de las investigaciones sobre el entorno del presidente Pedro Sánchez.

Millán ha insistido en que las responsabilidades políticas son insuficientes en este contexto, exigiendo que los implicados respondan ante los tribunales por la vía penal. Asimismo, la portavoz ha señalado directamente al jefe del Ejecutivo, asegurando que Sánchez era conocedor de estas operaciones. Según su testimonio, el Gobierno habría instrumentalizado los organismos del Estado para proteger intereses personales y partidistas frente a la acción judicial.

Finalmente, la representante de Vox ha argumentado que la gravedad de los hechos revelados por la UCO debería haber motivado la dimisión en bloque del Gabinete ministerial. Desde la formación han reafirmado su intención de continuar con las acciones legales pertinentes para esclarecer si existió un uso indebido de los recursos de seguridad del Estado para encubrir presuntas irregularidades administrativas y políticas.