Vox solicita procesar al Gobierno ante el Supremo tras la desclasificación de los informes sobre Ceuta

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Rodríguez de Millán, ha instado este martes a la Cámara a activar los mecanismos legales para que el Tribunal Supremo juzgue a los miembros del Gobierno por un presunto delito de traición. Esta petición surge tras el análisis de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) recientemente desclasificados, los cuales, según la formación, confirman que el Ejecutivo fue advertido con antelación sobre la entrada masiva de personas en Ceuta.

Rodríguez de Millán ha sostenido en sede parlamentaria que la documentación revela que el CNI cumplió con su obligación de alertar sobre la situación en la ciudad autónoma. En este sentido, la portavoz ha calificado de «mentira criminal» la versión mantenida por el Gobierno, que hasta la fecha había negado la recepción de avisos previos sobre los acontecimientos que tuvieron lugar los días 30 y 31 de julio.

Para la formación liderada por Santiago Abascal, la gestión de esta crisis migratoria y diplomática constituye un acto de responsabilidad penal. Por ello, han apelado al resto de los grupos parlamentarios para que apoyen la activación del artículo 102 de la Constitución Española. Este precepto constitucional faculta a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para enjuiciar a los integrantes del Consejo de Ministros por delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus cargos.

La dirigente de Vox ha enfatizado que los responsables políticos deben asumir las consecuencias de sus acciones, acusándoles de no haber tomado medidas para evitar la entrada en territorio nacional a pesar de disponer de información de inteligencia. Asimismo, ha criticado la actuación del Ejecutivo en relación con Marruecos, sugiriendo una falta de diligencia en la defensa de la soberanía española frente a las pretensiones del país vecino.

Esta ofensiva parlamentaria se produce en un contexto de creciente debate sobre la transparencia de los servicios de inteligencia y la gestión de las fronteras. La desclasificación de estos informes ha reabierto la controversia sobre si el presidente Pedro Sánchez y su gabinete contaban con datos suficientes para prevenir la crisis fronteriza, un extremo que ahora Vox pretende dirimir por la vía judicial ordinaria.