ERC e IU señalan fallos de coordinación interna tras la desclasificación de los informes sobre Ceuta
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, y su homólogo de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, han valorado este miércoles los documentos desclasificados por el Gobierno relativos a la crisis migratoria de Ceuta. Ambos dirigentes han coincidido en señalar deficiencias en la gestión de la información y en la estructura de mando del Estado, tras conocerse que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió avisos previos a la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma.
Gabriel Rufián ha sostenido en los pasillos de la Cámara Baja que los 40 expedientes oficiales publicados demuestran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue alertado con antelación. Según el representante catalán, esta documentación corrobora la existencia de sectores dentro de los organismos estatales que operan con autonomía respecto a las directrices del Gabinete. «Gobierna sí, pero no manda», ha sentenciado Rufián, sugiriendo que el Gobierno no ejerce un control total sobre instituciones como el CNI.
Por su parte, Enrique Santiago ha manifestado la preocupación de su grupo ante la posibilidad de que la información recopilada por los servicios de inteligencia no fuera transmitida de manera eficaz a los órganos pertinentes. El portavoz de IU ha anunciado que su formación examinará detalladamente la cadena de transmisión de datos para determinar por qué no se detectó o comunicó con precisión el alcance real del movimiento migratorio que se estaba gestando.
Santiago ha matizado que, si bien el informe del CNI del 29 de julio —un día antes de los sucesos— advertía de «posibles intentos de entrada» detectados en redes sociales con motivo de la Fiesta del Trono, no ha constatado documentos que predijeran una movilización de la magnitud de la que finalmente se produjo. Asimismo, el diputado de IU ha aludido a una supuesta estrategia de desgaste institucional por parte de sectores vinculados a la oposición, mencionando explícitamente al expresidente José María Aznar.
La documentación ahora de dominio público revela que la inteligencia española mantuvo canales de comunicación tanto con el Gobierno central como con las autoridades marroquíes ante los llamamientos coordinados en plataformas digitales. La controversia se centra ahora en la gestión política de esos avisos y en la efectividad de los protocolos de respuesta ante las alertas emitidas por los servicios de información del Estado.
Esta desclasificación de documentos se produce en un contexto de revisión parlamentaria sobre la seguridad fronteriza y las relaciones diplomáticas con el reino alauita, mientras el Gobierno mantiene su postura de mejorar los mecanismos de coordinación interna para evitar futuras crisis de similar naturaleza.
