Vox exige responsabilidad para todos los implicados en el «caso mascarillas» y desconfía de Víctor de Aldama

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Rodríguez de Millán, ha manifestado este martes que el empresario Víctor de Aldama no le inspira «ningún tipo de confianza», reafirmando la postura de su formación de que todos los implicados en la presunta trama de comisiones por la venta de material sanitario deben asumir sus responsabilidades penales «sin excepción».

Estas declaraciones se producen tras conocerse la decisión del Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el proceso, de solicitar una rebaja en la pena de prisión para De Aldama, reduciéndola de siete a cinco años. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha optado por mantener las penas solicitadas originalmente para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio empresario.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán calificó de «legítima» la estrategia procesal del Partido Popular, independientemente de que sea «más o menos comprensible». No obstante, subrayó que, desde la perspectiva de Vox, todos los investigados en la red son «en mayor o menor medida, igual de culpables» y sostuvo que los implicados habrían continuado con sus actividades «si no hubiera saltado la liebre».

La portavoz enfatizó la necesidad de que el poder judicial trabaje con «libertad y plena independencia» para que los responsables de lo que definió como la «peor trama de corrupción» de la historia reciente paguen por sus actos. En este sentido, instó a que la investigación agote todas las vías para determinar si el PSOE incurrió en una financiación irregular a través de estas operativas.

Finalmente, Rodríguez de Millán vinculó el alcance de la trama con las sedes de Ferraz y el Palacio de la Moncloa, señalando que las diligencias deben llegar hasta el fondo del asunto para identificar a todos los responsables. Según la dirigente, la responsabilidad penal debe escalar hasta el nivel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien situó en la cúspide de la estructura investigada.