Vox interpone una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta y solicita el refuerzo de las Fuerzas Armadas

La formación política Vox ha presentado este martes una denuncia formal ante las autoridades judiciales contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, así como contra otros responsables que pudieran ser identificados en el curso de la investigación. El escrito jurídico solicita la implementación de medidas cautelares urgentes destinadas a incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas y a intensificar el control marítimo en la ciudad autónoma ante el incremento de la presión migratoria.

El documento presentado sitúa al delegado del Gobierno en una posición de garante de la seguridad en su demarcación, dada su condición de máxima autoridad del Estado en el territorio. La denuncia insta a investigar la posible comisión, por omisión, de delitos contra la vida y la integridad física, prevaricación, denegación de auxilio y delitos contra el orden público. Vox sostiene que la crisis migratoria no constituyó un acontecimiento imprevisible, alegando que existían advertencias previas sobre la insuficiencia de medios humanos y materiales en la frontera.

En el ámbito de la instrucción, la formación demanda que se practiquen diligencias de investigación que incluyan la remisión de informes de inteligencia, de Seguridad Nacional y del Tribunal de Cuentas. El objetivo de estas medidas es que la autoridad judicial determine si las autoridades competentes cumplieron con sus deberes legales, qué información manejaban con anterioridad a los hechos y si existieron omisiones jurídicamente relevantes que agravaran la situación de crisis.

Respecto a las medidas cautelares, Vox solicita que se comunique al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Defensa, la necesidad de reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta. La petición incluye expresamente el despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas del espigón del Tarajal para salvaguardar la integridad de los residentes y la estabilidad de la actividad económica local.

Por último, el escrito propone la intensificación de las identificaciones en la vía pública, condicionadas a estrictas garantías legales. Se especifica que dichas actuaciones deben regirse por criterios objetivos, con una prohibición explícita de perfilación étnica o racial, y bajo un registro documentado que permanezca a disposición del juzgado competente. La formación justifica el carácter perentorio de estas solicitudes ante el riesgo de irreversibilidad de los bienes jurídicos comprometidos.