La formación política Vox ha anunciado este jueves la interposición de una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España en relación con la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados, procedimiento articulado a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «Ley de nietos». El partido sostiene que esta práctica vulnera el Derecho de la Unión Europea al no exigir una vinculación efectiva con el país.
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha fundamentado la iniciativa legal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En concreto, la denuncia alude a la sentencia que declaró ilegales los denominados «pasaportes de oro» de Malta para ciudadanos rusos y bielorrusos. Según Buxadé, dicho fallo establece que un Estado miembro no debe conceder su nacionalidad sin acreditar un vínculo real con el país, un requisito que, a su juicio, no se cumple en las nacionalizaciones masivas actuales.
Desde la formación argumentan que, al adquirir la nacionalidad española, los beneficiarios obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión Europea, lo que otorga a Bruselas la responsabilidad de actuar. Buxadé ha señalado que el Ejecutivo central está otorgando derechos «sin realizar controles sobre antecedentes penales o riesgos para la seguridad», lo que podría poner en riesgo el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha calificado el procedimiento como un intento de «alterar el censo electoral». En declaraciones públicas, Millán ha denunciado que la normativa se está aplicando mediante una instrucción que no ha pasado por el debate parlamentario en el Congreso, permitiendo que hijos y nietos de españoles obtengan el estatus jurídico de ciudadano sin haber residido en territorio nacional ni acreditar conocimiento sobre la realidad social del país.
Millán ha defendido que la nacionalidad es un estatus que requiere de requisitos reforzados y ha criticado lo que denomina un «proyecto clientelar» del Gobierno para compensar futuros resultados electorales. Según la portavoz parlamentaria, la soberanía nacional se ve comprometida al ampliar de forma arbitraria la base del cuerpo electoral mediante regularizaciones que considera injustificadas bajo los principios de vinculación efectiva.
Finalmente, Vox ha solicitado a la Comisión Europea la tramitación prioritaria de este expediente. La formación advierte de que cada nueva nacionalización consolida situaciones jurídicas difíciles de revertir, por lo que instan a una intervención urgente para salvaguardar el Estado de Derecho y evitar lo que consideran un fraude en la gestión de la ciudadanía comunitaria.
