El Ministerio de Cultura recurrirá la orden de Castilla y León que excluye de ayudas al cine producciones con «adoctrinamiento ideológico»
El Ministerio de Cultura ha anunciado la interposición de un recurso ante los tribunales contra la nueva normativa de la Junta de Castilla y León que regula las subvenciones a la cinematografía. El departamento dirigido por Ernest Urtasun responde así a la inclusión de una cláusula por parte de la Consejería de Cultura, gestionada por Vox, que deniega financiación pública a aquellas producciones que, bajo su criterio, impliquen «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».
La medida, publicada en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, afecta a las convocatorias de ayudas destinadas a la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y series para el ejercicio 2026. Según el texto autonómico, el objetivo es potenciar los principios de «objetividad, neutralidad institucional y pluralismo», eliminando el uso de fondos públicos para fines que la administración regional considera ajenos al interés general del sector audiovisual.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado la iniciativa como una «forma de censura» y ha asegurado que su gabinete no tolerará restricciones basadas en contenidos ideológicos. A estas críticas se han sumado otros miembros del Ejecutivo central, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha tildado la medida de «adoctrinamiento», y el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha cuestionado la intervención gubernamental en la dirección artística de las obras cinematográficas.
Desde la Consejería de Cultura de Castilla y León, encabezada por Alberto Díaz Pico, se defiende que la normativa busca «combatir la ideologización» de la cultura y garantizar que la calidad artística sea el único baremo relevante. El grupo parlamentario Vox ha respaldado esta decisión, calificándola como un «aperitivo» de su modelo cultural para el resto de España. Según el diputado Carlos Hernández Quero, la intención es establecer un marco de «libertad para los creadores» frente a lo que consideran un dominio de la izquierda en el sector durante las últimas décadas.
La formación que preside Santiago Abascal sostiene que el modelo actual de subvenciones en España se basa en «cuotas y requisitos ideológicos» que limitan la competitividad de la industria. En este sentido, Vox ya presentó el pasado mes de junio una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Cine y de la Cultura Audiovisual en el Congreso de los Diputados, argumentando que la norma estatal mantiene un sistema de «gasto público sin control» y redes clientelares.
El conflicto competencial y jurídico se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno central y la única autonomía donde Vox ostenta las competencias directas en materia de Cultura. Mientras el Ministerio de Cultura ultima los detalles del recurso judicial, la Junta de Castilla y León mantiene su hoja de ruta para implementar este nuevo criterio de selección en las ayudas públicas al cine para los próximos ciclos de producción.
