Vox aclara que la «prioridad nacional» en Aragón ampara a todos los ciudadanos con DNI
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha precisado este viernes que el criterio de «prioridad nacional» para el acceso a prestaciones públicas en Aragón, pactado con el Partido Popular, incluye tanto a los españoles de origen como a aquellos que han adquirido la nacionalidad. Esta aclaración busca rectificar las declaraciones previas del portavoz de la formación en el Parlament, Joan Garriga, quien había limitado la condición de español a los nacidos de padres españoles.
En una entrevista concedida a RTVE, Ignacio Garriga calificó de «error» la interpretación restrictiva de la nacionalidad, subrayando que la legislación vigente establece que es español quien posee el Documento Nacional de Identidad (DNI). No obstante, el dirigente de Vox señaló que su formación considera necesario abrir un debate futuro sobre los procesos de concesión de la nacionalidad española, al considerar que los criterios actuales son excesivamente laxos.
Mecanismos de aplicación y encaje constitucional
Respecto a la implementación técnica de la prioridad nacional, Garriga admitió la existencia de dificultades administrativas, pero defendió la plena constitucionalidad de la medida. Según explicó, la intención de Vox es «sortear» los obstáculos legales mediante la baremación de criterios objetivos en la adjudicación de ayudas. Entre estos factores se incluirían los años de empadronamiento en la localidad, el historial educativo en la región o el arraigo familiar previo de los progenitores.
«No estamos estableciendo una prioridad basada estrictamente en el pasaporte, sino en el tiempo de empadronamiento y la vinculación con el territorio», añadió el secretario general, tratando de distanciar la propuesta de posibles impugnaciones por discriminación jurídica.
Reacciones en el Partido Popular
La medida ha generado disparidad de criterios dentro del Partido Popular. Mientras dirigentes territoriales como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno han expresado críticas hacia el concepto, la dirección nacional del PP ha emitido un comunicado limitando el alcance del acuerdo al concepto de «arraigo». La formación de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la prioridad se aplicará conforme a la Constitución y la ley, siguiendo el modelo ya implementado en Extremadura.
Ignacio Garriga lamentó la falta de una posición unánime en las filas populares, instando a sus socios de gobierno a mantener el compromiso firmado en los pactos de coalición regional.
Política lingüística y migratoria
En el ámbito de la política lingüística en Aragón, el secretario general de Vox defendió el punto del acuerdo que propone «liberar» a la comunidad de la promoción del catalán. Garriga abogó por centrar la actividad lingüística exclusivamente en las aulas y suprimir la financiación de institutos destinados al fomento de dicha lengua, argumentando la necesidad de optimizar el gasto público del contribuyente aragonés.
Finalmente, en materia migratoria, el dirigente reafirmó la postura de Vox favorable a la expulsión de todas las personas en situación irregular para garantizar la integridad de las fronteras. Garriga puntualizó que, mientras se ejecutan los procedimientos de deportación, el Estado debe asegurar un «soporte vital mínimo» bajo condiciones de seguridad y salubridad, pero insistió en que la contundencia en la aplicación de la ley es fundamental para la seguridad nacional.


