Vox interpone una querella contra el delegado del Gobierno en Galicia por los incidentes en La Coruña
La formación política Vox ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Vázquez, y contra los responsables de la organización Galiza Nova. La acción judicial responde a los altercados registrados el pasado 21 de octubre durante un acto electoral del partido en la ciudad coruñesa, que se saldaron con doce agentes de policía heridos y diversos daños materiales.
El escrito presentado por la formación sostiene que las autoridades competentes tenían conocimiento previo de la coincidencia de ambas convocatorias y no adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar los enfrentamientos. Según la documentación aportada, Vox comunicó su acto el 16 de octubre, mientras que la contramanifestación fue notificada el día 17, programándose apenas media hora antes del evento principal encabezado por Santiago Abascal y el candidato Manuel Fuentes.
La querella subraya que el partido ya había advertido formalmente el 20 de octubre, tanto a la Junta Electoral Provincial como a la Subdelegación del Gobierno, sobre la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos. Vox alega que, pese a estas advertencias, el despliegue de seguridad no fue suficiente para contener a los manifestantes que lanzaron piedras, adoquines, huevos y otros objetos contundentes contra los asistentes y las fuerzas del orden.
En el ámbito de la responsabilidad administrativa, la demanda plantea posibles delitos electorales, prevaricación administrativa y vulneración de derechos cívicos por parte del delegado del Gobierno y otros cargos responsables de la Administración. El partido considera que existió una omisión de funciones en la protección de un acto político lícito y en la garantía del orden público durante el periodo electoral.
Respecto a los promotores de la manifestación de Galiza Nova y los participantes en los disturbios, la querella solicita la investigación de delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Además, se pide que se aplique la agravante de discriminación por motivos ideológicos, argumentando que los ataques se dirigieron específicamente contra simpatizantes y representantes del partido por su filiación política.
El balance final de los incidentes, reconocido por la propia Delegación del Gobierno, incluyó doce policías nacionales heridos de diversa consideración, dos personas detenidas y una periodista lesionada tras ser alcanzada por una piedra. Asimismo, se registraron daños de consideración en mobiliario urbano, un vehículo policial y varias terrazas de establecimientos hosteleros en las calles próximas al lugar de los hechos.
