Yolanda Díaz apela al respeto judicial ante las imputaciones en la Guardia Civil y propone una agencia independiente contra la corrupción

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado este jueves su postura de máxima prudencia institucional ante la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Durante su intervención tras la clausura de la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo en Avilés, Díaz ha evitado valorar el fondo del sumario judicial, subrayando la necesidad de dejar actuar a los tribunales para la depuración de responsabilidades.

Díaz ha reiterado su rechazo a realizar valoraciones políticas sobre procedimientos judiciales en curso, señalando que «nunca ha hecho política de los sumarios» y que no es competencia del Ejecutivo interferir en la labor de la justicia. La ministra ha agradecido el trabajo de la comunidad jurídica y ha sostenido que lo procedente en este escenario es permitir que el sistema judicial determine si existen hechos constitutivos de delito y, en su caso, proceda conforme a derecho.

Propuesta de una agencia pública de prevención

En el marco de su comparecencia, la vicepresidenta ha vinculado la actualidad judicial con la necesidad de alcanzar un acuerdo político transversal para erradicar la corrupción en España. Según Díaz, la corrupción no debe personalizarse, sino abordarse como un problema estructural que requiere medidas preventivas. En este sentido, ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de una agencia pública independiente de prevención de la corrupción, una medida alineada con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa.

La ministra ha recordado que su formación política ya presentó esta propuesta en el Congreso de los Diputados, donde fue rechazada por la mayoría de la cámara. Díaz ha calificado de «sorprendente» que, ante la sucesión de noticias sobre presuntas irregularidades, no exista un consenso suficiente para dotar al Estado de herramientas que permitan actuar antes de que se produzcan los hechos delictivos y fomenten una cultura de transparencia institucional.

Reforma de la SEPI y política industrial

Otro de los ejes de su intervención ha sido la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Yolanda Díaz ha insistido en la necesidad de transformar este organismo en una agencia pública de política industrial moderna. La propuesta de la vicepresidenta incluye la desvinculación orgánica de la SEPI del Ministerio de Hacienda, argumentando que la actual tutela administrativa dificulta el despliegue eficaz de las estrategias que requiere el sector industrial español.

Finalmente, la titular de Trabajo ha reclamado que la gestión de este holding público, que agrupa a quince de las principales empresas estatales, se realice bajo principios de «luz y taquígrafos». Díaz considera esencial que la SEPI evolucione hacia un modelo más autónomo y transparente, alejándose de una visión meramente presupuestaria para convertirse en un motor de desarrollo industrial coordinado con las necesidades productivas del país.