Díaz defiende la potestad del Gobierno para fijar el SMI y confirma nuevas subidas salariales

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado la competencia del Ejecutivo central para determinar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Díaz ha rechazado la propuesta del Partido Popular (PP) de supeditar estas actualizaciones exclusivamente a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, calificando dicha postura como un intento de retomar políticas de contención salarial.

La controversia surge tras las recientes declaraciones de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, quien defendió que el SMI debe ser pactado directamente entre los agentes sociales que representan a empleadores y trabajadores. En respuesta, la ministra Díaz ha invocado el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que otorga al Gobierno la facultad de fijar el salario mínimo previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, pero manteniendo la responsabilidad última de la decisión.

Díaz ha instado a la dirección del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, a respetar la legalidad vigente. Según la vicepresidenta, la actualización del SMI debe responder a criterios técnicos y económicos objetivos, tales como la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general del país.

En el plano comparativo, la titular de Trabajo ha destacado la evolución de esta renta mínima, que ha pasado de los 735 euros mensuales durante la última etapa de Gobierno del PP a los 1.221 euros actuales. Asimismo, ha vinculado estas subidas con la mejora de los indicadores de ocupación, subrayando que España ha superado la cifra de 22 millones de personas empleadas, de las cuales 10,4 millones son mujeres, frente a las tasas de desempleo cercanas al 27% registradas en ejercicios anteriores.

La ministra ha sostenido que los incrementos del salario mínimo funcionan como un motor económico al mejorar la capacidad de consumo y reducir la pobreza laboral y la desigualdad. Ha hecho especial hincapié en el impacto de estas medidas sobre los jóvenes y las mujeres, sectores que históricamente perciben los niveles salariales más bajos del mercado laboral.

Finalmente, la vicepresidenta segunda ha avanzado que el Ejecutivo procederá a una nueva revisión al alza del SMI próximamente. Esta medida, según ha concluido, forma parte de la estrategia gubernamental para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al escenario inflacionista actual, contraponiéndola a lo que define como las políticas de «recortes» que, a su juicio, proyecta la oposición.